​Facundo BarrionuevoMaría Eugenia Vidal y la reforma de la Policía Bonaerensepor Facundo BarrionuevoLicenciado en Educación Profesor de FilosofíaMilitante social  (Asociación Civil "Para que nunca te Rindas") 12 de diciembre de 2016    La reforma policial y la emergencia en seguridad de María Eugenia Vidal fue una bandera de campaña y pretende ser una demostración de gobierno y gestión. Sin embargo, lejos de cambiar, todo apunta a una profundización de la dinámica represora de una institución vetusta. Debates y desafíos para las organizaciones populares. Desde la campaña en la disputa por hacerse con la gobernación de la Provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal recitaba un speech en torno a la lucha contra la corrupción, y la cuestión de la seguridad, que incluso no escondía su aval a las medidas de Daniel Scioli de declarar la Emergencia en Seguridad (lo había hecho en 2014) y la creación de las policías locales. Con un esforzado perfil sonriente y fama de firmeza en las decisiones, María Eugenia Vidal, no dejó pasar un mes para declarar mediante un DNU la Emergencia en materia de Seguridad, el cual fue confirmado por ley a quince días del mes de enero. Sin embargo, los nombramientos de los responsables políticos, no condicen con el discurso oficial. Cristian Ritondo, ex referente de la Juventud Peronista de la Provincia de Buenos Aires en la segunda mitad de los 90’, del riñón del duahaldismo y funcionario PRO de la primera hora, hoy es Ministro de Seguridad de la Provincia y quien comanda y ejecuta la política hacia el interior de las fuerzas policiales. La fama de Ritondo, de mantener vínculos intensos con sectores de “la bonaerense”, de la ex SIDE y con la Barra de Nueva Chicago, sumado al prontuario del Jefe Pablo Bressi, cercano a Hugo Matzkin, a quién según dichos de Felipe Solá, pidió que sea nombrado en el cargo, nada más y nada menos que la DEA, no cuadra con el discurso de “cambio” de la coalición de gobierno. La fuga de los tres procesados por el triple crimen de General Rodríguez, a semanas de la asunción del nuevo gobierno, volvieron a levantar sospechas sobre algún acuerdo oscuro a manera de pago por la entrevista concedida a Jorge Lanata, y desde allí, el gobierno bonaerense busca mostrar un rostro decidido de persecución a las mafias policiales y de reforma de la estructura interna de todas las fuerzas, incluyendo en el Ministerio de Justicia al Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB). La generación de escándalo público sobre el estado actual de la Policía Bonaerense (PB), la polémica de las horas extras, los “chalecos calientes”, los handies sin encriptar, el estado de las armas de los efectivos, las balas para entrenamiento, el estado calamitoso de patrulleros y móviles, que son realidades innegables, también son utilizados como elementos de socavamiento de la imagen que todavía mantiene el anterior gobierno en ciertos sectores, la deslegitimación de voces de la oposición y especialmente, con el fin de generar un consenso social sobre la “necesidad de cambios en las fuerzas policiales y combate a la corrupción” que se traduce en un aumento del sistema represivo sobre los sectores más empobrecidos. La salida es más militarización de las policías de la provincia. La tan mentada reforma de la PB, incluye drásticos cambios del organigrama, con el objeto de achicar la estructura institucional, mediante la desaparición de superintendencias, delegaciones, jefaturas, y sus correspondientes cargos, y la creación de dependencias como la Superintendencia de Inteligencia Criminal, área inexistente hasta el momento, que es presentada como la “niña bonita” de la fuerza. Por otro lado, se busca realizar una fuerte inversión en informatización de las comisarias, creación de centrales de monitoreo unificadas, la apertura de un laboratorio central de pericias, el aumento del período de instrucción inicial y una reunificación de las escuelas de policías locales en solo tres institutos. Así mismo, se solicitó la presentación declaración jurada de bienes para todo el personal a partir desde el rango de subcomisario. Todo lo enumerado junto con una “minuciosa” investigación sobre “las cajas negras” de recaudación de las comisarías y departamentales y la remoción de las cúpulas del SPB ha generado una fuerte resistencia interna, y por esto mismo se adjudica el surgimiento de actos intimidatorios con mensajes mafiosos, dirigidos hacia la gobernadora y su ministro de gobierno Federico Salvai. En algún punto, estos repudiables hechos, fueron capitalizados políticamente en una maratón de victimización mediática, y vinculados arbitrariamente con hechos de manifestación y repudio popular al presidente Macri, en visitas a barrios y espacios públicos como los sucesos de Mar del Plata, dónde todavía se investiga si realmente hubo o no pedradas. Un cambio de cosmética El discurso oficial hace un tratamiento cuasi exclusivamente moral sobre la corrupción policial, pero no cuestiona el accionar violento y represivo sobre los sectores populares. Basta revisar a vuelo de pájaro los informes del CELS, la CORREPI y la Comisión Provincial por la Memoria para vislumbrar y descubrir la sistemática persecución, represión y hostigamiento hacia las barriadas pobres, especialmente a sectores juveniles que realiza la PB, práctica que asumieron igualmente las Policías locales y se repite cruelmente en el SPB. Casos que llamativamente, o no tanto, sólo es posible enterarse vía redes sociales o por los medios alternativos de comunicación. El gobierno de Cambiemos necesita una fuerza policial controlada, extendida focalizadamente en el territorio, y como contrapartida, un poder judicial que abandone, según su discurso, “el garantismo” y las llamadas “puertas giratorias”. Por lo cual, podemos deducir que nos espera un largo y continuo raid mediático de victimización del oficialismo por la “pesada herencia”, y de generación de un consenso social que soporte mayor represión. Algo de ello puede verse en el trato mediático que han recibido los casos llamados de “justicia por mano propia”. En ningún punto hay mención a la construcción de una fuerza preventiva, de romper con la estructura verticalista que favorece el sometimiento interno y genera caldo de cultivo para la corrupción, la creación de resortes institucionales que permitan la denuncia y la expresión de disconformidades laborales que impidan acciones como los acuartelamientos que ya hemos visto, aunque sin la necesidad de hablar de sindicalización. Tampoco incluyen el estado inhumano en el que se vive y se muere en las cárceles bonaerenses, nada de esto abarca la mediática “emergencia” en seguridad. Una institución del siglo XIX Hoy pervive, al decir del ex Juez de la Corte Suprema, Eugenio Zaffaroni, “una institución del siglo XIX, militarizada y de ocupación, que lejos está de adaptarse a las lógicas del Estado de Derecho democrático”. Estas instituciones como aparatos represivos del Estado, no tienen otra función que mantener a raya los sectores juveniles y de los trabajadores, y asegurar la acumulación del capital por la vía de los negocios clandestinos que más dinero mueven: la prostitución, el narcotráfico, el juego, la trata laboral, el robo de automotores y hasta el cuatrerismo. Y perversamente, como fenómeno agudizado actualmente, el ingreso a las fuerzas policiales, representa “la” salida laboral para los jóvenes que crecen en contextos de mayor empobrecimiento, otro elemento más en la tarea de control social que tienen estos aparatos represivos. Las organizaciones y partidos del campo popular tenemos como tarea y desafío, la construcción de un discurso propio sobre la seguridad y las fuerzas institucionales. No es posible dejar de lado este tema, como una cuestión que no nos atañe. Es necesario generar un tratamiento antifascista del tema de la seguridad y la justicia, y generar propuestas serias y conscientes de las contingencias y puja de poderes existentes, pero también trabajar sobre los imaginarios sociales.