​Argentina en la Alianza del PacíficoAlgunas consideracionespor Gustavo LahoudLic. en Relaciones Internacionales de la Universidad del Salvador (USAL) 22 de julio de 2016​Transcurridos seis meses de la Administración Macri, se ha oficializado el ingreso de la Argentina como miembro de la Alianza del Pacífico en calidad de observador.Esta decisión constituye una de las muestras más relevantes- por su peso real y simbólico-, de la orientación político-diplomática y económico-comercial y financiera que esta administración ha privilegiado en lo que respecta a los ejes centrales de nuestra política exterior. Como ya es de público conocimiento, la Alianza del Pacífico es un proyecto de integración comercial  que reúne a Chile, Colombia, México y Perú, cuya constitución formal data de 20111, y que se caracteriza por la adopción de una agenda comercial liberalizadora y exportadora, basada muy fuertemente en un patrón de inserción internacional ligado a la explotación masiva de recursos naturales y al establecimiento de múltiples redes de cooperación e interdependencia comercial y financiera con Asia, Europa Occidental y Estados Unidos. En efecto, Chile, Colombia y Perú han consolidado acuerdos de libre comercio como eje fundamental de su competitividad económico-comercial, y sus principales actividades económicas están estructuralmente relacionadas con la masiva implantación de un extractivismo minero, base fundamental de sus “inserciones competitivas” en el sistema económico internacional. Por su parte, México, si bien comparte similares grados de apertura económica y comercial y un patrón productivo ligado al extractivismo minero-hidrocarburífero, sostiene su inserción global sobre un fuerte sector industrial ampliamente caracterizado por la preponderancia de cadenas de valor trasnacionalizadas, intrínsecamente ligadas a la presencia inversora de los Estados Unidos. Por cierto, el hegemón hemisférico es el principal origen de las inversiones en los cuatro países que forman parte de la Alianza del Pacífico y ello constituye un indicador estructural del funcionamiento de sus economías. Como información adicional, es importante tener en cuenta que este esquema de integración flexible y abierto explica la mitad del comercio de América Latina con el resto del mundo y sus cuatro países ostentan el 40% del PBI de la región. Luego de esta imprescindible contextualización, pasemos a considerar algunas de las implicancias fundamentales de esta incorporación de la Argentina a este acuerdo comercial del Pacífico.​Un primer aspecto que puede señalarse es que esta decisión parece ser totalmente coherente con la orientación general que esta Administración pretende imprimirle a la política exterior argentina, en lo que respecta a la naturaleza, modos y fines de la inserción económica y comercial en el mundo. Esta cosmovisión está, a su vez, fuertemente imbricada con la preeminencia de un esquema de valores, intereses y creencias que abogan por la “vuelta al mundo” de la mano de Occidente- Estados Unidos y Europa Occidental- y por la definitiva inserción comercial exportadora en las corrientes dominantes de las finanzas e inversiones del mundo, que pivotean en torno a la dinámica expansión de las economías asiáticas en las últimas décadas. Justamente, los países de la Alianza del Pacífico se caracterizan por haber desarrollado, en las últimas dos décadas, fuertes vínculos comerciales y financieros con la regiones del sudeste asiático y otros países que, a su vez, integran uno de los proyectos liberalizadores más ambiciosos como es el Acuerdo Transpacífico (TPP, por sus siglas en inglés), que Estados Unidos ha firmado en 2015 con diversas potencias asiáticas, Australia, Nueva Zelanda y los países de la Alianza del Pacífico. Este proyecto excluye a China, que es la potencia más dinámica y de mayor crecimiento económico en las últimas tres décadas, lo cual ha dado pie a múltiples elucubraciones e interpretaciones, según las cuales este acuerdo comercial global no es más que un ambicioso ensayo para “contener y cercar” el avance chino sobre amplias regiones del mundo, entre ellas, América Latina. Por cierto, el avance chino en la región latinoamericana ha implicado que, entre 2000 y 2015, el comercio y las inversiones chinas en la región se multiplicaran por veinte, lo cual ha implicado que el gigante asiático se haya transformado en el primer socio comercial de buena parte de los países de nuestra región y en una gran potencia inversora que rivaliza con los capitales estadounidenses y europeos. Entre ellos, los países de la Alianza del Pacífico también han sido parte del avance de este proceso. Por ende, el ingreso de la Argentina al selecto club de los países que conforman este acuerdo implica, por un lado, profundizar un esquema de alianzas comerciales, financieras y de inversiones fuertemente vinculado con una visión pragmática, abierta y flexible y, por el otro, supone la adscripción a un patrón productivo exportador fuertemente vinculado a la consolidación de actividades económicas basadas en recursos naturales y al desarrollo de cadenas de valor agroindustriales y de servicios comerciales y financieros fuertemente trasnacionalizadas. Por otra parte, un segundo aspecto que es importante tener en cuenta a la hora de analizar las implicancias de la incorporación de la Argentina a esta alianza, refiere a una visión compartida por estos gobiernos, según la cual los territorios de nuestros países constituyen plataformas de lanzamiento y vinculación comercial, financiera e inversora, con un impacto geoeconómico y geopolítico atravesado por la perspectiva estratégica de la bioceanidad y la factibilidad de encarar todo tipo de proyectos de infraestructura vial, ferroviaria, portuaria, energética, logística y de comunicaciones, que permitan afianzar el dinamismo comercial exportador de nuestra región.​Esta idea de “región como plataforma” va de la mano de la persistencia de los “proyectos de integración” heredados de la denominada iniciativa IIRSA (Infraestructura de Integración Regional Sudamericana), que fue promovida a comienzos del siglo XXI por el ex presidente brasileño Fernando Cardoso y que implicaba la concreción de esta visión aperturista a gran escala. Asimismo, no deja de ser llamativo que estos proyectos hayan sido incorporados una vez que nuestros países sudamericanos constituyeron la UNASUR (Unión de Naciones Sudamericanas) en 2008, a tal punto que, en 2009,  se creó un Consejo Suramericano de Infraestructura y Planeamiento (COSIPLAN) que tomó todos estos proyectos como parte de su agenda prioritaria. Esta decisión, en el contexto marcado por la relevancia de regímenes nacional-populares que surgieron durante los primeros años del siglo XXI al compás de crisis políticas muy profundas (Venezuela, Bolivia, Ecuador, entre los fundamentales), implicaba que, en los hechos, se había consagrado un esquema de desarrollo masivo de infraestructura que respondía a la consolidación de esta cosmovisión de “plataforma exportadora”, lo cual dejó en evidencia los límites y contradicciones de los procesos políticos y económicos vinculados con el objetivo de la integración regional sudamericana. Es decir, lo que nunca había estado en agenda, por lo menos de forma concreta y operativa, era la posibilidad de pensar nuestra integración desde una variedad d proyectos endógenos, que permitieran fortalecer  nuestros vínculos económicos, financieros, sociales, políticos y culturales al interior de nuestro inexplorado espacio, el hinterland sudamericano. En concreto, la Argentina en la Alianza del Pacífico, implica la clara adhesión a esta noción de “plataforma comercial exportadora” como vehículo de creación de riqueza, crecimiento y desarrollo. En tal sentido, nos preguntamos si ese camino puede ser viable y aceptable para países tan diversos, complejos, heterogéneos y con fuertes clivajes sociales como Argentina y Brasil, cuyas estructuras productivas- si bien se han reprimarizado fuertemente en los últimos años- son todavía mucho más diversificadas que las de los países de la Alianza del Pacífico. Finalmente, un aspecto no menor de esta decisión, refiere al entorno geoestratégico hemisférico, ya que los países de la Alianza del Pacífico adscriben casi unívocamente a las estrategias de securitización de los Estados Unidos, que pivotean sobre las problemáticas del narcotráfico y el crimen organizado, que constituyen aristas importantes de la agenda a la que Argentina adhirió en el marco hemisférico. En este sentido, el contexto sugerido resulta particularmente inquietante, a la luz de las tareas estratégicas de nuestro país de cara al logro de una dificultosa autoafirmación soberana en el Atlántico Sur, las Malvinas, la Antártida y el espacio continental sudamericano.

​1 El 28 de abril de 2011, y a instancias del entonces presidente peruano Alan García, se reunieron los países del arco pacífico- México, Chile, Colombia, Panamá y el anfitrión, Perú-, a los efectos de firmar la Declaración de Lima que dio surgimiento a este acuerdo. Es importante destacar que tanto Panamá como Costa Rica, al igual que Paraguay y Uruguay, se han incorporado en calidad de observadores. A ese contingente, se ha agregado la Argentina con su incorporación oficializada el 9 de junio de 2016.

​Tarifas de gas. Fallo de la Corte. Aspectos centralespor Gustavo LahoudLic. en Relaciones Internacionales de la Universidad del Salvador (USAL) 1 de septiembre de 2016​La Corte Suprema de Justicia de la Nación dictó finalmente el fallo sobre el tarifazo del gas natural, luego de más de un mes de la decisión de la Sala II de la Cámara Federal de La Plata, que el pasado 7 de julio había suspendido la vigencia del nuevo cuadro tarifario implementado por el Gobierno nacional el 1 de abril del corriente. El primer aspecto que debe destacarse, más allá de las habituales y clásicas discusiones que han comenzado a divulgarse sobre eventuales ganadores y perdedores a partir de la decisión de la Corte, es que el fallo declara la nulidad de las resoluciones 28 y 31/2016 del Ministerio de Energía y Minería de la Nación a través de las que se determinaron los nuevos precios del gas natural en boca de pozo y el esquema del nuevo cuadro tarifario. Esa decisión de la Corte, se circunscribe al colectivo de usuarios residenciales del servicio de gas natural, manteniéndose respecto de ellos, y en la medida que resulte más beneficiosa, la vigencia de la tarifa social”1. Asimismo, lo que se determine finalmente en términos de ajustes de tarifas luego de la realización de audiencias públicas, regirá hacia delante, lo cual implica que no se pueden cobrar cargos retroactivos. Es decir, respecto al alcance del fallo, es importante afirmar que los usuarios del servicio general, industriales, comerciales, organizaciones sociales, civiles y otro tipo de entidades, no han sido incorporados, lo cual, sin embargo, no obstaculiza la presentación que estas organizaciones puedan hacer a título individual o a través de cámaras o entidades que las agrupen, ya que los dos criterios centrales sobre los cuales trabaja el fallo unánime de la Corte- la falta de audiencia pública formalmente convocada y la irrazonabilidad de los ajustes tarifarios- afectan de igual modo a estos usuarios del servicio público de gas natural. Por cierto, pueden hacerse muchas elucubraciones sobre la decisión final, pero estimamos que estos dos aspectos antes señalados, y que han sido claramente desconocidos por el Gobierno nacional en su accionar irresponsable e insostenible sobre las tarifas, tienen plena validez argumentativa para el conjunto de los sectores de usuarios no residenciales. Antes de pasar al análisis más concreto de estos dos aspectos antes señalados, es importante resaltar que en la parte resolutiva del fallo, los miembros de la Corte le recuerdan al Congreso Nacional que debe poner en marcha los mecanismos institucionales previstos para dar cobertura al cargo de Defensor del Pueblo de la Nación, que está vacante desde 2009. Ello es realmente significativo, ya que esa institución resulta fundamental a la hora de establecer todo tipo de acciones de carácter colectivo vinculadas a la vulneración de derechos humanos esenciales, como es el caso de los servicios públicos y, entre ellos, el acceso a la energía. Dicho esto, es importante concentrarse en los aspectos formales y sustantivos del fallo y, además, en otro de los aspectos no muy divulgados de la problemática, que tiene que ver con la discusión sobre si la determinación del precio del gas en boca de pozo, debe o no ser alcanzada por la convocatoria de la audiencia pública. En efecto, en relación a esta cuestión, el fallo es muy claro, ya que sostiene que, si bien la extracción de gas natural no constituye un servicio público como sí lo son los segmentos de transporte y distribución, desde la declaración de la emergencia económica en 2002 y a partir del decreto 181 del 2004, el Estado nacional comenzó a fijar las condiciones para la determinación de los precios del gas, lo cual debe enmarcarse en el debate general que se generó hace más de una década sobre los procesos de renegociación de los contratos de servicios públicos prestados por las empresas privatizadas en los ’90. Es decir, la Corte manifiesta muy claramente que, si desde ese momento, el Estado nacional se arrogó facultades para fijar estos precios, ello significa que tal decisión fue sustraída al libre juego del mercado- tal como se establecía en el régimen regulatorio del gas natural establecido en 1992 a través de la ley 24.076-, lo cual implica que los criterios de regulación fueron modificados y, por ende, en el marco de la realización de una audiencia pública, esos criterios deben ser conocidos, debatidos e informados, a los efectos de actuar con la debida transparencia que todo el proceso de audiencia pública comporta. De hecho, el juez Maqueda, en las consideraciones particulares sobre el fallo, y en relación a esta cuestión afirma que “En las condiciones descriptas, parece razonable entender que, hasta el momento en que el precio del gas en el PIST (Punto de ingreso al sistema de transporte) se determine sobre la base de la libre determinación de la oferta y la demanda, su análisis se efectúe conjuntamente con la revisión  de tarifas para la cual es necesaria, la celebración de una audiencia pública”.2 Por ende, “esta audiencia pública, en las actuales circunstancias, debe realizarse para todos los tramos que componen la tarifa final: precio en boca de pozo (PIST), transporte y distribución del gas natural.”3 Estas decisiones comportan una relevancia imposible de desconocer, ya que la convocatoria formal a audiencia que se publicó inmediatamente en el Boletín Oficial el 19 de agosto, muy probablemente deba atender estos requerimientos, de manera tal que este aspecto central vinculado a la fijación del precio del gas, resulta fundamental para dar una discusión plena e integral, la que no se satisface sólo con la consideración de los segmentos de transporte y distribución. Dicho sea de paso, la mencionada audiencia fue convocada para el 12 de septiembre de 2016. Volvamos ahora a los dos criterios fundamentales del fallo, el formal de las audiencias y el sustantivo, relacionados a la irracionalidad del nuevo cuadro tarifario. En efecto, la Corte reafirma que es potestad del Poder Ejecutivo la fijación de tarifas y precios, y también refiere a que es competencia de los tribunales determinar los criterios de legalidad y la realización de actos que implican un control de constitucionalidad de los actos de gobierno. Ahora, luego de esta afirmación, el fallo pone abiertamente en tela de juicio la falta de convocatoria a audiencia pública y sostiene que las alegaciones realizadas por el Gobierno según las cuales  el carácter transitorio de los ajustes tarifarios encarados hacían innecesaria la convocatoria a audiencia, ya que esas decisiones se sostenían en actos administrativos pendientes que el Gobierno anterior había encarado a partir de audiencias públicas realizadas en 2004 y 2005, carecen de sustento real y no pueden tomarse como argumentos válidos. Asimismo, el juez Rosatti, en su fallo, advierte muy especialmente que tanto la convocatoria a audiencia pública como el criterio temporal de su realización- que siempre debe ser anterior a cualquier determinación de tarifas-, son aspectos fundamentales que permiten la materialización de la participación plena de la ciudadanía en actos de tal trascendencia y que, de no hacerse, o desvirtuarse, implicarían la negación de derechos y, por ende, una lesión al ejercicio mismo de la ciudadanía y una violación a la Constitución Nacional en sus artículos 42 y 43 y a los mismos marcos regulatorios del gas natural, que en los artículos 46 y 47 de la ley 24.076, establecen claramente la convocatoria previa a audiencia pública para determinar cambios en los pecios y tarifas. A su vez, Rosatti sostiene que el instituto de la audiencia pública ha sido definido en el ámbito del Poder Ejecutivo, en relación al acceso a la información pública, regulado por el Decreto 1172/2003. En tal sentido, es una instancia de participación que forma parte del proceso de toma de decisión, a través del cual debe garantizarse que los distintos sectores de la ciudadanía que se vean perjudicados o afectados de alguna manera, puedan expresar sus puntos de vista bajo los principios de igualdad, publicidad, oralidad, informalidad y gratuidad.4 Por cierto, todos sabemos que estas audiencias son no vinculantes, pero, la posibilidad de llevarlas a cabo y la profundidad de los debates que puedan darse en su seno, dificultarían al Poder Ejecutivo una toma de decisiones que sea extemporánea o esté totalmente desenfocada de los criterios debatidos e informados. En definitiva, es fundamental la concreción de este proceso. Pasemos ahora a los aspectos sustanciales, vinculados a la irrazonabilidad del nuevo cuadro tarifario. Si bien se señala taxativamente que es resorte del Poder Ejecutivo la determinación de la política energética como así también la gestión de los aspectos vinculados a los subsidios destinados a distintos sectores, si en la concreción de tales medidas se vulneran derechos constitucionales, el Poder Judicial a través de sus distintas instancias tiene la potestad para actuar, en el marco del principio de “colaboración sin interferencias” que rige en la dinámica institucional del sistema entre los tres poderes del Estado. El fallo trabaja muy especialmente la problemática del acceso universal al servicio de gas natural como parte fundamental del derecho a una vivienda adecuada, lo cual incluye un conjunto de derechos esenciales que son tutelados no sólo por nuestra Constitución, sino por el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, entre otros instrumentos.5 Se sostiene que el hombre no debe ser objeto de mercado alguno y es esa misma institución la que debe adaptarse a la Constitución Nacional y al Derecho Internacional de los Derechos Humanos, de jerarquía constitucional.6  Se afirma que toda previsión tarifaria, más aún cuando ha transcurrido un prolongado tiempo, debe proteger los “intereses económicos” de los usuarios, a través del criterio de “gradualidad”, que es la expresión concreta del principio de razonabilidad entre medios y fines.7 En concreto, la gradualidad no se vincula con porcentajes, sino con la ponderación de los montos fijados en concepto de tarifa en función de la capacidad de pago de los usuarios. Este es un punto fundamental, ya que si la magnitud de la tarifa es tal que no permite ser pagada, es decir, si la misma no es asequible (accesible económicamente), podría configurarse un hecho confiscatorio, lo cual viola en forma evidente los derechos económicos de los usuarios. Por ende, no se puede desvincular el “costo  global de la prestación” de la “capacidad de pago de los usuarios”, ya que cargos tarifarios muy altos generarán elevados niveles de incobrabilidad, y “…terminará afectando al mentado financiamiento y, por vía de consecuencia de este círculo vicioso, a la calidad y continuidad del servicio.”8 Esta situación de grave inequidad, es lo que hace que la decisión sea sometida a la justicia, ya que, al no poder pagarse el servicio esencial, se pone en riesgo la prestación, la calidad de vida y la misma subsistencia, aspectos que deben ser tutelados por las instancias judiciales. Asimismo, los usuarios deben ser agrupados por categoría de ingresos y por regiones, de manera tal de no vulnerar el principio de igualdad y el trato equitativo que la misma Constitución determina a través de su artículo 42- derechos del consumidor- y el artículo 16.  En este punto, se sostiene que la afectación de los derechos económicos de la población no es similar en todos los casos y allí reside una de las razones por las que el fallo protege muy especialmente al universo de usuarios residenciales, cuya posibilidad de defensa concreta y de acceso a la justicia, puede verse imposibilitado por diversas razones, de modo tal que las acciones colectivas presentadas tienen plena legitimidad no sólo en la petición vinculada a la negación del derecho de participación que se consumó al no convocarse a audiencia pública, sino en los efectos económicos provocados por las altas tarifas. Por ende, se ha pretendido tutelar estos derechos de los usuarios residenciales, cuya situación particular ha sido vista por la Corte como la más vulnerable. Por cierto, como se comentaba al comienzo del informe, ello no es obstáculo para que el conjunto de usuarios no residenciales puedan presentarse a la justicia, ya que existe un daño común infligido a todos ellos a partir de la no convocatoria a audiencia pública, y, muy probablemente, una posterior y grave afectación económica de sus derechos a comerciar, trabajar y ejercer todo tipo de industrias, lo cual podría vulnerar claramente los artículos 14 y 14 bis de nuestra Constitución. Estos aspectos, han sido receptados en el dictamen de la Procuradora Gils Carbó, que se dio a conocer el 17 de agosto, previamente al fallo de la Corte. Teniendo en cuenta estas situaciones, es altamente probable que usuarios comerciales e industriales y otras entidades, recurran a acciones colectivas a fin de demostrar que sus derechos e intereses económicos han sido gravemente dañados. Es importante destacar que el fallo afirma el derecho de las asociaciones de usuarios y consumidores a iniciar acciones colectivas  relativas a derechos de incidencia colectiva  referentes a intereses individuales homogéneos, en la medida que se pueda demostrar la existencia de un hecho único susceptible de ocasionar una lesión a una pluralidad de sujetos y que la pretensión se concentre en los “efectos comunes”  para toda la clase involucrada.  Estos dos parámetros, son los que ha utilizado la Corte para circunscribir el fallo a los usuarios residenciales, ya que la no actuación ante estos hechos, podría configurar denegación de acceso a la justicia.9 En este contexto, el fallo afirma que “Sin embargo, respecto del resto de los usuarios ( no residenciales) no se ha demostrado, ni resulta de manera evidente…que el ejercicio individual de la acción no aparezca plenamente justificado en atención a la entidad de las cuestiones planteadas…Esta circunstancia impide tener por corroborada, con una certeza mínima, que se encuentre comprometida la garantía de acceso a la justicia…”10 Los jueces recuerdan que “en el caso “Halabi” la Corte fijó las bases de las acciones colectivas. Pueden impulsarla quienes ante un “hecho único” padecen igual consecuencia (la falta de audiencia) pero es requisito que esté comprometido el acceso a la justicia de quienes van a integrar ese “colectivo” que reclama. Es decir, que esté en una posición clara de vulnerabilidad.”11 En conclusión, el resto de los actores podrá presentarse a la justicia, mientras que lo que el fallo ha tutelado es la garantía del acceso a los usuarios que caracteriza como más vulnerables, los residenciales. Aquí es importante decir que en el universo de consumidores de gas natural, los usuarios residenciales representan el 26% promedio del total del consumo, aunque en los meses de invierno, pueden representar hasta un 40% del total. Por ende, el resto del universo de usuarios- industrias, comercios, entidades de distintos tipo, usinas eléctricas- conforma un conjunto muy heterogéneo sobre el que hay que establecer claras diferencias a la hora de encarar decisiones en materia de acción jurídica. En efecto, hay algo más de un tercio del consumo de gas que se destina a industrias, comercios y entidades de todo tipo, y allí se dirigirán, con seguridad, nuevas acciones individuales y colectivas, cuyos intereses y derechos económicos pueden verse seriamente dañados si no se retrotrae un tarifazo de semejante magnitud. Finalmente, y fuera de lo vinculado al fallo de la Corte,  resulta todavía muy difícil elaborar un cálculo definitivo sobre el costo fiscal total que podría entrañar la consumación del mismo, ya que una parte relevante de los montos en juego, están relacionados con el aumento de más del 100% del gas en boca de pozo que tomó el Gobierno a través de las resoluciones 28 y 31 de 2016, que son las que han sido impugnadas para los usuarios residenciales por la Corte. El aumento del precio del gas en boca de pozo de un promedio de 2,5 dólares por millón de btu a 5 dólares por millón de btu, implicaba una transferencia de alrededor de 3.000 millones de dólares (45.000 millones de pesos), que serían solventados por el conjunto de los usuarios a través de sus facturas. Debe puntualizarse que en el caso del gas natural, el costo de su precio en boca de pozo, explica entre un 65% y un 70% de la facturación final, mientras que entre un 35% y un 30% corresponden a los costos de transporte, distribución e impuestos. Ahora, el hecho que los usuarios residenciales vuelvan a pagar con el cuadro tarifario anterior, implica que debe recalcularse todo en función de los precios anteriores del gas en boca de pozo, mientras que la situación del resto de los usuarios tendría otra tratamiento. Y ahí nos preguntamos: ¿tratarán de hacer operativo el tope del 500% que habían adoptado en las resoluciones 99 y 129 de junio de 2016? Nos parece altamente improbable, más aún en vistas de la convocatoria a la audiencia pública mandatada por el fallo de la Corte y que ya ha sido oficializada para el 12 de septiembre por el Gobierno nacional.

​1 Fallo de la Corte. Página 37.2 Fallo de la Corte. Juez Maqueda. Página 50.3 Fallo de la Corte. Juez Maqueda. Página 49.4 Fallo de la Corte. Posición de Rosatti. Página 83.5 Fallo de la Corte. Posición de Rosatti. Página 296 Fallo de la Corte. Posición de Rosatti. Página 307 Fallo de la Corte. Posición de Rosatti. Página 958 Fallo de la Corte. Posición de Rosatti. Página 969 Fallo de la Corte. Posición de Rosatti. Página 100.10 Fallo de la Corte. Posición de Rosatti. Página 10211 http://m.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-307292-2016-08-19.html

​Malvinas. Declaración imprescindiblepor Gustavo LahoudLic. en Relaciones Internacionales de la Universidad del Salvador (USAL), especialista en energía y geopolítica 19 de octubre de 2016​​Leiv Eiriksson es una plataforma de exploración marítima del tipo semisumergible, con bandera de las Bahamas y que que fue contratada por dos compañías británicas:  Borders & Southern Plc y Falkland Oil and Gas Ltd. (FOGL).Fue fotografiada en 2012 por una nave de la aviación naval durante un vuelo de rutina de control marítimo, a una distancia de 547 millas náuticas de la ciudad de Comodoro Rivadavia, Chubut.La reciente decisión del Reino Unido de realizar nuevos ejercicios y maniobras militares en nuestra región del Atlántico Sur- sobre cuya inminencia, el Servicio Hidrográfico Naval alertó en las últimas horas-, reactualiza la centralidad de la problemática Malvinas y la imperiosa necesidad de adoptar posiciones diplomáticas regionales firmes e inteligentes, sobre la base de la denuncia permanente de los actos guerreristas británicos, que constituyen una verdadera amenaza a la paz y seguridad internacionales. Estos aprestos militares- que no son nuevos y que forman parte, lamentablemente, del rutinario accionar británico en las islas-, se llevarán a cabo entre el 19 y el 26 de octubre próximo, en un escenario políticamente enrarecido luego de algunos hechos que nos parece fundamental poner sobre la mesa. En el alerta señalado, el Servicio Hidrográfico Naval afirma que “las fuerzas militares inglesas que en forma ilegal ocupan el territorio argentino de las islas Malvinas han notificado que realizarán un ejercicio de armas que incluye el lanzamiento de misiles”1. En efecto, esta nueva provocación británica, ocurre a un mes de la declaración conjunta que ambos Gobiernos dieron a conocer el 13 de septiembre pasado2. Esa declaración, instaba a encarar discusiones y reuniones para avanzar en los más diversos campos de la relación bilateral- desde la cuestión de los vuelos y el vínculo de las islas con el continente, pasando por la pesca, hidrocarburos, inversiones y comercio-, lo cual generó una verdadera conmoción en todo el arco político-institucional y en diversos sectores sociales, a tal punto que tanto la Canciller Malcorra como el Vicecanciller Foradori debieron comparecer ante las respectivas Comisiones de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados y del Senado, a fin de “aclarar” los alcances de lo firmado, más aún teniendo en cuenta el permanente reclamo por la soberanía sobre las islas Malvinas, Georgias, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes. Asimismo, en el contexto de la Asamblea anual de las Naciones Unidas en Nueva York, se produjo un encuentro informal entre el Presidente Macri y la flamante Primera Ministra británica Theresa May, luego del cual el Primer Mandatario expresó que los británicos estaban dispuestos a discutir, en un tiempo determinado, la cuestión de la soberanía. Este malentendido, furcio, error de principiante, o como se lo quiera llamar, generó la inmediata aclaración oficial de la Cancillería argentina, que remarcó que sólo se trataba de una declaración para avanzar paulatinamente en una agenda positiva y que la cuestión de fondo de ninguna manera sería puesta en discusión3. Por último, es fundamental tener en cuenta otro aspecto no menor en el derrotero descrito. Nos referimos a la candidatura de nuestra Canciller Susana Malcorra a la Secretaría General de las Naciones Unidas. Como ya es de público conocimiento, sus aspiraciones han quedado truncas y se ha conocido que, en el seno del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, la Federación Rusa vetó su candidatura4 y también ha circulado la versión, todavía no confirmada, que recibió el veto del Reino Unido; sin embargo, lo realmente inquietante es que, en el marco de esa compulsa, se produjeron las declaraciones de acercamiento con el Reino Unido y la firma de esta “declaración conjunta”, lo cual nos lleva a preguntarnos si realmente se ha tomado nota de la gravedad y prioridad político-institucional y diplomática que comporta la cuestión Malvinas y la política regional en el Atlántico Sur. En concreto, el conjunto de hechos referidos deben servirnos a modo de fuerte advertencia para retomar una senda clara y vigorosa en el reclamo soberano sobre las Malvinas y el Atlántico Sur, ya que Gran Bretaña ha operado y lo seguirá haciendo en función de intereses permanentes, críticos y vitales para su propia proyección de poder en la región, más aún en la perspectiva de la consolidación de las actividades económicas de la pesca y los hidrocarburos, que tienen como telón de fondo, a su vez, la proyección y control geoestratégico sobre la Antártida. En este escenario, no debe perderse de vista que en marzo de 2016, la Comisión del Límite Exterior de la Plataforma Continental- que funciona en el marco de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar-, ratificó la propuesta de demarcación del límite exterior de la plataforma continental realizada formalmente por Argentina en 2009, luego de años de estudios complejos y de diversas misiones oceanográficas. Ello significó que, entre las 200 millas marinas y el límite exterior, la Argentina sumara 1.700.000 kilómetros cuadrados a su superficie, que se suman a los 4.800.000 kilómetros cuadrados comprendidos entre las líneas de base y las 200 millas marinas5. Aquí hay que tener en cuenta, además, que el Gobierno kelper ha desarrollado, desde hace casi treinta años, una “exitosa” explotación económica de las riquezas ictícolas existentes en el mar territorial y la plataforma continental de las islas Malvinas, generando un “efecto riqueza” nunca antes conocido por esta población implantada artificialmente hace ya dos siglos por los británicos. Estos extraordinarios ingresos se han sustentado en las licencias pesqueras que el Gobierno kelper ha otorgado ilegalmente, desde hace tres décadas, para consumar la explotación de uno de los principales recursos de la región. Hoy, ante un contexto geopolítico mundial acuciante en términos de lucha por el control y el acceso a recursos naturales estratégicos como los hidrocarburos y minerales, las Malvinas y el mar circundante, son parte de un renovado interés geoestratégico de los británicos y los kelpers, asociado, esta vez, a la potencial explotación de las riquezas hidrocarburíferas existentes. En efecto, en la última década, la potencia colonial ocupante, ha sido el garante de un avance significativo del Gobierno kelper en materia de prospección y exploración hidrocarburífera, a tal punto que, si bien estamos lejos de tener un escenario de reservas probadas que posibilitarían una explotación masiva en el corazón del Atlántico Sur, sí estamos ante la eventualidad que los kelpers comiencen a explotar, en forma acotada, algunas de las áreas que ya han sido exploradas en los últimos años. Ello es lo que está ocurriendo, a modo de caso paradigmático, con el yacimiento Sea Lion, ubicado al norte de las islas, donde hay prospectos de explotación acotada que podrían comenzar a extraer hidrocarburos entre 2017 y 2020. Por cierto, una coyuntura de precios del petróleo a la baja, como la que se vive actualmente, sumado a los extraordinarios costos de explotación asociados a las difíciles condiciones geológicas y climáticas de la región, junto con el exorbitante costo de las plataformas de extracción offshore, configuran obstáculos serios y persistentes a la hora de evaluar la celeridad con la que podrían avanzar estos proyectos. Por ende, si bien esta particular situación de la coyuntura conspira contra la factibilidad de un masivo escenario de exploración y explotación hidrocarburífera, no es menos cierto que existe una planificación consciente por parte del Gobierno británico, la Administración kelper y empresas como Premier Oil, Rockhopper Exploration y Falkland Oil & Gas- todas británicas- o Noble Energy- estadounidense-, para consolidar una presencia en la región y avanzar todo lo posible en los futuros proyectos exploratorios y de explotación6. Esta decisión, debe analizarse vis a vis al objetivo británico de consolidar su presencia naval en esta región estratégica en el mundo, como así también en el contexto del declinante escenario productivo que este país afronta en el Mar del Norte, donde el petróleo de fácil extracción comienza a escasear y se necesitan explorar nuevas alternativas en materia de aprovisionamiento futuro de recursos fósiles, cuyo control y acceso es aún tan crítico como hace más de cincuenta años. A su vez, los mares comienzan a ser un escenario de creciente conflictividad, y no sólo entre grandes potencias como Gran Bretaña, China o Estados Unidos, sino entre potencias de mediana capacidad de poder, todo lo cual haría previsible que las competencias interestatales por recursos minerales e hidrocarburíferos que podrían extraerse de los mares se incrementen, generando disputas por el control y el acceso a las áreas de plataforma continental y zonas exclusivas entre países con litoral marítimo. Por ende, ante este preocupante cuadro de situación, y ante la agresiva actitud del Reino Unido, estimamos fundamental que el Gobierno de la República Argentina, utilice todos los recursos diplomáticos y político-institucionales posibles, no sólo para denunciar la recurrente posición militarista de los británicos en el Atlántico Sur, sino también para obstruir- por las vías legales conducentes y en un marco de respeto a la paz y la seguridad internacionales- las continuas decisiones unilaterales que la Administración kelper toma con el inocultable apoyo británico que, desde hace décadas, se niega a sentarse a la mesa de negociaciones para tratar la cuestión central del reclamo soberano argentino, al tiempo que no deja pasar oportunidad para consumar nuevos actos de fuerza, que alejan el escenario futuro de una solución definitiva al conflicto a través de negociaciones bilaterales. En este contexto, creemos que las continuas declaraciones en los ámbitos regionales de integración favorables al reclamo soberano argentino, como las que se propician en el Mercosur, Parlasur, Unasur, Celac, OEA o las misas Naciones Unidas, forman parte de un valioso esquema de concertación y cooperación regional que ha permitido que la presión diplomática sobre el Reino Unidos crezca de manera significativa, generando un margen de maniobra diplomático mucho más sólido para la Argentina. De hecho, con todas sus contradicciones a cuestas, la administración anterior había dado pasos muy firmes para sostener una estrategia diplomática colectiva, pacífica y permanente sobre la problemática del Atlántico Sur. Sin embargo, la lógica de intervención diplomática en distintos foros de alcance regional y mundial, no es suficiente, dada la magnitud del problema de dimensiones geopolíticas concretas que tenemos entre manos en la región del Atlántico Sur. Ante ello, resulta fundamental identificar los intereses empresariales británicos o de cualquier otro país que hoy están presentes en las actividades económicas ilegalmente realizadas en las islas y en los frentes marítimos usurpados, a los efectos de obstruir la posibilidad que continúen en un ejercicio de ilegalidad manifiesta, a través de la denuncia y la afectación de sus intereses en materia de inversiones. En este plano, nuestro país cuenta con un instrumento normativo vigente- la ley 26.659, sancionada en 2011- que impide que cualquier empresa, sea nacional o extranjera, pueda acceder a explotaciones de recursos hidrocarburíferos en la Plataforma Continental Argentina, sin haber obtenido la habilitación pertinente emitida por autoridad competente argentina. En forma complementaria, hacia fines de 2013, esta legislación fue parcialmente modificada a través de la ley 26.915, mediante la que se establecieron multas concretas medidas en valores volumétricos de crudo, junto con penas efectivas de prisión e inhabilitación para todos aquellos agentes económicos que estuvieran realizando tareas exploratorias o de explotación de hidrocarburos en el mar territorial argentino y en la Plataforma Continental Argentina. A su vez, no sería descabellado encarar una evaluación integral sobre determinadas medidas a adoptar con los activos británicos en sectores estratégicos de la economía nacional, como es el caso de la participación de British Petroleum asociada a Pan American Energy y a los chinos de CNOOC en Cerro Dragón, principal yacimiento hidrocarburífero del país. Estas normativas, si bien constituyen herramientas importantes que le darían al Estado argentino la posibilidad de imponer costos y obstruir el camino de la política de hechos consumados que los británicos perpetran en el Atlántico Sur, deben ir de la mano de un replanteo estratégico integral de las distintas capacidades estatales que deben intervenir para asegurar su cumplimiento. Es aquí donde nos encontramos en serios problemas, ya que las referidas capacidades estatales, remiten no sólo a los instrumentos efectivos que, desde lo normativo hasta lo impositivo y fiscal deben ponerse en marcha, sino a las capacidades de producción de inteligencia estratégica militar y de disuasión efectiva que todo país debe tener para asegurar la protección de sus intereses vitales y estratégicos ante una amenaza permanente, como la que comporta Gran Bretaña con la consolidación de su status colonial en el Atlántico Sur. Este costado de la problemática no es menor, ya que resulta imprescindible contar con instrumentos y logística para la realización de inteligencia estratégica en áreas claramente vinculadas con la defensa de nuestros intereses vitales y, en tal sentido, no deja de ser elocuente que la advertencia formal sobre la realización de nuevos ejercicios militares por parte del Reino Unido, haya provenido del reporte náutico del Servicio de Hidrografía Naval. Ante ello, lo peor que podría hacerse es convertir en “rutinarios” estos aprestos británicos, ya que, entre otras cuestiones, ponen el foco en la incapacidad estructural de nuestros sistemas de defensa en pos de proveer un entorno estratégico seguro, confiable y predecible para nuestros intereses vitales. Este último punto no es menor, ya que las sucesivas administraciones nacionales, en los últimos 25 años, han sido copartícipes de un deterioro institucional y operativo de todo el sistema de defensa nacional- que incluye desde el instrumento militar hasta la capacidad de generar información relevante que sea útil para comprender posibles escenarios conflictivos o amenazantes a nuestros intereses nacionales-, lo cual nos ha dejado en una posición relativa altamente vulnerable en el sistema internacional. Asimismo, no deja de ser inquietante la acumulación de serias sospechas, en los últimos años, sobre el “ilegal uso” de parte de esos recursos para la realización de tareas ligadas a “espionaje interno” que, como es de público conocimiento, están taxativamente prohibidas por nuestro marco normativo en materia de Defensa, Seguridad Interior e Inteligencia Nacional. Sin embargo, más allá de estos claroscuros, durante los últimos años, se registraron tímidos ensayos de coordinación colectiva en el marco de la nueva institucionalidad creada, como el Consejo Sudamericano de Defensa. Ello había posibilitado el margen de maniobra para comenzar a discutir regionalmente una agenda común en la materia, uno de cuyos ejes centrales, ha sido la profundización de las acciones tendientes a consolidar el Atlántico Sur como zona de paz, lo cual constituye ya un activo simbólico y real de nuestro acervo político-diplomático. Ante el preocupante cuadro internacional, regional y nacional que hemos descrito en la presenta declaración en lo que respecta al conflicto por la soberanía de las Islas Malvinas y los espacios marítimos circundantes, estimamos fundamental que nuestra dirigencia política asuma, de manera responsable, la continuidad de activas acciones diplomáticas y político- institucionales en todos los ámbitos regionales y mundiales, promoviendo no sólo las vías adecuadas para la solución pacífica de la controversia, sino la abierta denuncia del inaceptable proceso de militarización que los británicos están consolidando con su ocupación colonial en el Atlántico Sur, al tiempo que debemos garantizar un proceso gradual de reconstrucción de nuestras capacidades estatales nacionales que nos permitan, en el largo plazo, ejercer nuestra soberanía política y económica, de manera previsible y en un marco de consolidación de la integración regional, preservando al Atlántico Sur como zona de paz y libre de proliferación de todo tipo de armas de destrucción masiva. Buenos Aires, 15 de octubre de 2016

​1 http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-311841-2016-10-15.htm2  http://www.lanacion.com.ar/1937581-malvinas-avance-entre-la-argentina-y-gran-bretana-sobre-vuelos-y-petroleo3 http://m.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-309906-2016-09-21.html4 http://prensa.cancilleria.gov.ar/new-york-times-russia-blocked-malcorras-un-bid5  http://www.lanacion.com.ar/1883979-soberania-y-recursos-ejes-del-fallo-de-la-onu-sobre-la-extension-territorial6 http://www.cronista.com/financialtimes/La-caida-del-crudo-no-desalento-a-las-petroleras-en-Malvinas-20150320-0071.html

​El Triunfo De Trump
Primeros Interrogantespor Claudio Lozano y Gustavo Lahoud 25 de noviembre 2016​Ante la confirmación de Trump como nuevo Presidente de los Estados Unidos, nos parece relevante comenzar a hilvanar algunos planteos que, en la presenta coyuntura, son más bien interrogantes que habilitan la apertura de un imprescindible debate, profundo y serio, sobre las implicancias de su triunfo no sólo para la población estadounidense sino para el resto del  mundo. En tal sentido, hay líneas de trabajo que remiten a la problemática del debate político, económico y social al interior de los Estados Unidos- conformado por un mosaico de  intereses, valores y creencias muy diversos entre sí- y, por otro lado, al ámbito internacional, donde  se  descubren distintos niveles de análisis- desde el regional al global-, que están relacionados con el rol de superpotencia de Estados Unidos con intereses económicos, financieros, comerciales y geoestratégicos. Respecto a las líneas de debate presentes en la campaña electoral, uno de los ejes más relevantes ha sido el intento de caracterizar o identificar líneas de ruptura social y económico en torno al funcionamiento mismo de la economía, el mundo del trabajo,  la  productividad  y  la  situación relativa de los sectores económicos de las finanzas, los servicios y la industria. En efecto, nos preguntamos hasta qué punto la elección de Trump- caracterizado como un outsider de la política estadounidense-, encarnó un creciente malestar social de la población blanca de las regiones geográficas de los Estados  Unidos vinculadas con el otrora floreciente mundo industrial, cuyo peso  en la economía no ha cesado de debilitarse en las últimas décadas al compás de la reconfiguración de la economía del país y de los mismos ejes determinantes de su productividad. Asimismo, ese malestar, posiblemente canalizado a través  del voto Trump,  ¿implica  la incipiente emergencia de  una fractura política, social y económica, que intensifique la consolidación de una polarización política que el mismo sistema bipartidista no ha podido representar? En efecto, especialistas e investigadores sobre los Estados Unidos, como Morgenfeld, Burdman o Puricelli han abonado planteos en estas líneas de enfoque durante los meses de campaña   electoral. Por otro lado, la presencia de temáticas que van desde la seguridad pública y el sacrosanto derecho a portación de armas, pasando por las problemáticas del funcionamiento del sistema de salud, la educación y la innovación, hasta la cuestión de los inmigrantes y las  políticas  que  los  Estados Unidos debería darse al respecto y las cuestiones de género, han sugerido la  existencia  de  importantes diferencias programáticas en las posiciones de Clinton y Trump; en este punto, nos preguntamos si la emergencia de posiciones de izquierda como la que encarnó el Senador Bernie Sanders en la campaña interna demócrata, no han implicado también el intento de un masivo sector juvenil de la población estadounidense de manifestar una posición más progresiva en el debate electoral , sobre la imperiosa necesidad de encarar cambios profundos que den  cuenta  de  la  situación de crisis, estancamiento de la economía y aumento de la desigualdad. ¿Cuánto de ese “descontento por izquierda” pudo ser capitalizado por Hillary Clinton? Y, simultáneamente a ello, estas nuevas inquietudes de participación política y social, ¿podrán materializarse en un reacomodamiento profundo del sistema político, que alumbre el nacimiento de nuevas posiciones y cosmovisiones desde los márgenes del sistema? Estas fuerzas, ¿podrían trastocar el sistema político bipartidista de manera estructural? A su vez, la problemática de la inmigración,  ¿qué  fibras  y sectores sociales toca? ¿Qué implicancias podría tener  en función de la  estructura demográfica de  los Estados Unidos y la activación política y social de las minorías y su participación en la vida político-institucional  del  país,  que  puede presumirse  creciente,  más  aún  si  se tiene  en  cuenta el constante aumento de la población latina y su mayor involucramiento? Y los sectores latinos, afroamericanos y asiáticos más postergados en términos de ingreso y posibilidades de empleo, entre los que están los más de once millones de inmigrantes en situación todavía irregular, ¿cómo se han expresado en estos comicios y qué tipo de percepciones han predominado entre ellos,  en  un  ambiente político-electoral en el que lo que pareció escucharse, hasta el hartazgo, es la “agenda” de  los hombres blancos anglosajones “enojados” con el sistema? A estos interrogantes, podríamos agregarles otros vinculados con la dinámica de los clivajes presentes en los  territorios  en  los  Estados Unidos y su vínculo con el tipo de voto. En efecto, dentro de los mismos estados, se han corroborado diferencias entre las zonas urbanas y rurales en lo que respecta a su apoyo a Clinton o Trump, y Estados considerados clave para el rumbo definitivo de las elecciones, como Florida, Carolina del Norte, Ohio o Iowa, se inclinaron en favor de Trump. En ese sentido, mucho se ha hablado del impacto crucial que tendrían los llamados “swing states”, es decir,  un  puñado  de  distritos en los que la puja era muy pareja y cuya definición marcaría la inclinación del fiel de la balanza para uno u otro candidato.​Por su parte, ambas candidaturas han expresado, con diversas modalidades y énfasis, una agenda revisionista sobre la naturaleza y alcances de los compromisos de los Estados Unidos en materia de libre comercio mundial, a tal punto que el balance social y económico sobre el NAFTA, y  las posturas críticas sobre el denominado Acuerdo Transpacífico, han cruzado las perspectivas  del mundo del trabajo y la necesidad de reorientar mecanismos de protección social a partir de las implicancias de los procesos  de  apertura  comercial  y  financiera.  Ahora, con Trump Presidente, ¿cómo podría materializarse esta agenda? O, dicho de otro modo, la “vuelta al proteccionismo”, o el pregonado intento revisionista, ¿qué implicancias reales tendría en términos de la afectación del balance de poder entre los grandes actores del poder económico en los Estados Unidos? Aquí pensamos en las finanzas de Wall Street, el complejo militar industrial, el polo tecnológico, comunicacional e informacional, los medios de comunicación y las grandes industrias  extractivas como las petroleras en primer orden. En función de esta complejidad creciente, resultaría por  lo menos imprudente enhebrar análisis simplistas que impliquen instalar ganadores y perdedores entre los sectores del poder real en los Estados Unidos, más aún si se toma nota del tono predominante en   la campaña, plena de generalidades, trivialidades, golpes bajos y  agresiones. Estos últimos señalamientos, nos llevan al planteo de algunas líneas en el ámbito de lo internacional  y lo regional, con particular incidencia en América  Latina. En lo que respecta al sistema internacional, nos preguntamos qué  implicancias  podría  tener  el triunfo de Trump sobre la autopercepción de los Estados Unidos como actor dominante, con juego geoestratégico de alcance mundial, en un escenario de alta conflictividad caracterizado por la afirmación de la voluntad de poder de China y Rusia, entre los principales actores mundiales. En tal sentido, ¿puede pensarse en Trump como el revival de una  postura neoaislacionista en un contexto   de alta volatilidad y conflicto? O, por el contrario, la agenda Trump en el orden mundial podría explicitar el fin de “sueño de la unipolaridad” estadounidense que emergió luego del fin de la guerra fría hace casi tres décadas? Precisamente, la cuestión rusa, el conflicto en Siria, la problemática del terrorismo- ISIS mediante- y la situación de alta conflictividad y guerra en Medio Oriente, han conformado un combo temático que ha tenido fuerte presencia en los debates de campaña. Y el  asunto  Rusia  y  el  despliegue  estratégico de la OTAN en Europa del Este con los  ecos de la reunificación de Crimea al territorio ruso y la crisis ucrania, expresan líneas de tensión difíciles de encauzar y prever en el escenario actual. Ante ello, Trump ha expresado la intención de encarar una nueva  etapa en el vínculo con Rusia, al tiempo que Hillary Clinton ocupó una cuota importante de su agenda internacional en “denunciar” el rol desafiante y conflictivo de Putin en el gran tablero euroasiático. Sin dudas, con pocas certezas a cuestas, es un teatro de operaciones que hay que seguir con persistencia en el futuro. En todo este juego geoestratégico, aparece también la situación de China y su voluntad de autoafirmación soberana en el Mar del Sur de China y en toda el área del Pacífico, con movimientos permanentes de actores en función de posicionamientos que responden a lógicas de control y acceso a recursos vitales. Ahora, en simultáneo a estas lógicas cruzadas por los  reposicionamientos  geopolíticos  y económicos, tanto en Europa como en Estados Unidos, se consolidan movimientos de derecha de diverso tipo y naturaleza, que intentan imponer lecturas “revolucionarias” en términos de una crítica radical a la globalización de la economía, el comercio y las finanzas. En efecto, esta ola “antiliberal    y conservadora”, dista de ser un fenómeno uniforme   temporal y geográficamente, pero se expresa   en la emergencia de agendas que reivindican, de un modo u otro, la autoafirmación nacional contra    el avance de cosmopolitismos vistos como disolventes y expulsores de vastos sectores de la  población. En tal sentido, resultará fundamental observar- en los Estados Unidos- la magnitud y naturaleza de la heterogeneidad de estos espacios políticos- entre reaccionarios, conservadores y “anti-sistema”- alimentados por el “miedo a lo diferente”, para intentar descubrir hasta dónde la llegada de Trump puede o no ser un vehículo propicio para este tipo de  ideologías. Por su parte, la región latinoamericana, si bien no ha estado muy presente en los debates presidenciales, configura un escenario de acción directa de los Estados Unidos en términos de sus intereses permanentes. En este sentido, el panorama de acercamiento y apertura con Cuba, aparece como una herencia más o menos auspiciosa de Obama, aunque enmarcada en una estrategia  de política exterior que se ha cimentado en la expansión de la agenda comercial y financiera de la apertura, de la mano de la difusión de los acuerdos continentales de libre comercio. Asimismo, la Administración Obama no ha dejado de manifestar animosidad creciente contra  los  procesos  políticos de la región que intentaron implementar estrategias más o menos autónomas- desde Venezuela, Ecuador y Bolivia hasta Argentina, pasando por Brasil-, mientras que bajo sus  dos períodos se sucedieron, entre otras, las crisis de Honduras en 2009 y la de Paraguay en 2012, con sendas destituciones de los presidentes Zelaya y Lugo, respectivamente. Por ende, ante la llegada de Trump, parece impostergable, por parte de la región latinoamericana, una revisión del estado del vínculo hemisférico bajo la era Obama, que ha dejado más oscuros que claros, mientras que resulta pertinente preguntarnos si la nueva era Trump podría significar un ajuste en  términos  de  prioridades, un continuidad con énfasis en la agenda comercial aperturista, o un cambio vinculado a  la preeminencia de las agendas de seguridad, con juegos de presiones  más o menos evidentes leídas  en clave “imperial” por parte de los Estados Unidos. O, tal vez, una combinación de distintas estrategias. Resulta muy difícil, hoy, brindar respuestas  certeras. En definitiva, con pocas respuestas y muchas preguntas a cuestas, la elección de Trump nos desafía    a salir de lugares comunes, de ciertos patrones analíticos vinculados con las respuestas “cómodas”  que hay que dar, para enfrentar el insondable panorama de la incertidumbre que, en estos planos, suele ser una gran orientadora para un nuevo aprendizaje surcado por líneas de interrogantes que es fundamental poner sobre la mesa. Y, si parece que hubiera algo así como un “lugar” a mirar en esta época de fragilidad, inestabilidad e incertidumbre, que se reactualiza permanentemente al compás de cada crisis- desde el Brexit, pasando por el proceso de paz en Colombia y llegando a la elección en los Estados Unidos-, deberíamos enfocarnos en el complejo escenario de los grandes medios de comunicación y de las empresas que “auscultan” la opinión pública, ya que las herramientas para “mirar” y examinar  lo que nos pasa, parecen ser ya insuficientes, al tiempo que la “infalibilidad” de la influencia de los medios de comunicación se puede rastrear, hoy, como un “mito” digno de mejores épocas.

​Repudio ante los vergonzosos sucesos en el Palacio San Martínpor Gustavo LahoudLic. en Relaciones Internacionales de la Universidad del Salvador (USAL), especialista en energía y geopolítica 16 de diciembre de 2016​​Mauricio Macri y la Canciller de la República Bolivariana de Venezuela Delcy Rodríguez.Expreso mi más firme repudio ante los vergonzosos sucesos ocurridos el 14 de diciembre en las puertas del Palacio San Martín, en momentos en que la Canciller de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, intentaba entrar a la sede de nuestra Cancillería para participar de la XI Reunión Extraordinaria del Consejo del Mercado Común del Mercosur que había sido convocada a los efectos de dar cuenta de la creciente conflictividad a partir de la suspensión temporal de Venezuela como miembro de pleno derecho del bloque regional, medida que fue adoptada el pasado 2 de diciembre de 2016.Como ya es de público conocimiento, la situación político-diplomática del bloque regional se ha deteriorado gravemente en el último año, con el trasfondo de la preocupante crisis política del país hermano de Venezuela y los intentos de generar instancias de mediación efectivas, ya sea desde la UNASUR o desde la diplomacia pontificia, para canalizar una ronda de diálogo nacional que permita resolver la crisis desde sus orígenes. En ese contexto, las discusiones públicas de los últimos meses en el ámbito del bloque del Mercosur, han girado en torno a la situación de Venezuela en términos del efectivo cumplimiento de todos los pasos administrativos, normativos y político-institucionales necesarios para receptar en su derecho interno todas las reglamentaciones, directivas, resoluciones y demás actos emanados de las distintas instancias jurisdiccionales del bloque mercosureño. Más concretamente, se comunicó que Venezuela habría incumplido con la incorporación de más de 112 resoluciones y alrededor de 300 parámetros comerciales y democráticos requeridos. Por cierto, esto es desmentido por Venezuela, que sostiene que tan sólo le resta adoptar un 8% del total de normas requeridas para la conclusión del proceso.En tal sentido, este último punto resulta relevante, ya que los cuatro miembros fundadores del Mercosur- Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay-, han alegado que la demora del gobierno venezolano para dar cumplimiento a los requerimientos formales aludidos, constituía suficiente argumento para resolver la suspensión temporal de Venezuela como miembro pleno del bloque, ya que, incluso, se le había otorgado una prórroga adicional.Sin embargo, estas argumentaciones de carácter formal y administrativo, se dan en un contexto de creciente conflictividad regional, con nuevas administraciones en Argentina y Brasil que han reorientado drásticamente las prioridades en materia de política exterior y ello debe ser incorporado, indudablemente, en el análisis de la delicada situación que atravesamos como bloque regional.En esta particular coyuntura, en la que los miembros fundadores del Mercosur deben proveer respuestas políticas conciliadoras que estén a tono con el objetivo de encarrilar una situación de conflictividad que escala día a día, nos resulta temerario, descabellado y aberrante que haya sido posible consumar una afrenta tan grave a la figura más representativa de la diplomacia del país hermano, bajo el malhadado pretexto- probablemente-, de que Venezuela no había sido invitada a participar de este encuentro de Cancilleres. Es importante señalar que el gobierno venezolano había confirmado su presencia, ya que desconoce la decisión institucional de la suspensión y se disponía a realizar los pasos necesarios para asumir las responsabilidades vinculadas a la Presidencia pro tempore semestral del bloque, que le correspondía en función de los mandatos institucionales de renovación de autoridades. A su vez, debemos recordar que, en la reunión plenaria del Mercosur realizada en diciembre de 2015, el recién asumido Presidente Mauricio Macri hizo directas referencias a la situación en materia de derechos humanos en Venezuela, a tal punto que por aquellos días se discutió si era posible o no aplicarle al país hermano la denominada cláusula democrática del Mercosur, alternativa que quedó en suspenso a comienzos de 2016, en el contexto en el que nuestra Canciller se encontraba “ocupada” en los menesteres de su hoy malograda candidatura como Secretaria General de las Naciones Unidas.Es importante tener en cuenta, además, que el contexto hemisférico y mundial nos augura escenarios de profunda incertidumbre estratégica- más aún luego del triunfo de Trump en los Estados Unidos- lo cual agrava el panorama regional ante la presencia de proyectos de reorganización económica, comercial y financiera en nuestro subcontinente suramericano que son tributarios de una concepción mercadocéntrica y aperturista, situación que nos debería llamar a la inmediata reflexión a los efectos de encarar un camino de construcción de coordinación y concertación regionales a través de los ámbitos institucionales existentes, de forma tal de procesar nuestros conflictos y controversias  en forma pacífica y con sujeción al respeto de nuestras soberanías nacionales y nuestra capacidad de autodeterminación, evitando caer en las simplificaciones propias de visiones cortoplacistas e interesadas.  ​​David Choquehuanca Canciller del Estado Plurinacional de Bolivia con Delcy RodríguezPor todo ello, estimamos fundamental expresar un vivo repudio a los tristes acontecimientos acaecidos y que han involucrado, además, al Canciller de la República hermana de Bolivia, David Choquehuanca, quien se ha negado a participar del encuentro regional en solidaridad ante el atropello cometido contra la Canciller venezolana.En función de todo lo señalado, exigimos, ante todo, una declaración oficial de nuestra Cancillería en la que se expresen sinceras disculpas por lo sucedido y se establezcan las responsabilidades institucionales pertinentes a la hora de haber dado la venia a semejante operativo policíaco, que  ha derivado en el escándalo por todos conocido.A su vez, resulta fundamental que tanto la Canciller Susana Malcorra como la Ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, expliquen adecuadamente las razones de semejante accionar, para lo cual es ineludible una inmediata convocatoria a interpelación pública de las Comisiones de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados y del Senado de la Nación.Finalmente, solicitamos la inmediata convocatoria a reunión extraordinaria del Consejo del Mercado Común del Mercosur a los efectos de encauzar definitivamente los conflictos existentes y dar cabida a una solución concertada y racional, que establezca una agenda perentoria para tratar la situación de Venezuela de cara a su reincorporación como miembro pleno del bloque, de forma tal de frenar las nefastas consecuencias de un escalamiento de un conflicto tan penoso como inconsecuente.

​Gobierno Macri
Notas sobre el panorama energético en tiempos de flexibilización y aperturapor Gustavo LahoudLicenciado en Relaciones Internacionales de la Universidad del Salvador (USAL) 18 de febrero de 2017​​Uno de los grandes interrogantes hacia el mediano y largo plazo, es el destino de las políticas de diversificación de la matriz energética promovidas por la saliente Administración Obama, cuyo eje nodal estaba orientado por la mitigación y adaptación ante el fenómeno del cambio climático. (Gobierno Macri. Notas sobre el panorama energético en tiempos de flexibilización y apertura.por Gustavo Lahoud) Cuando el 12 de Septiembre de 2013 el Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos en Boulder, Colorado catalogó de bíblicas las lluvias caídas en la zona no exageró. Este fenómeno meteorológico sin precedentes, que afectó a 17 condados, dejó un saldo de varios muertos, miles de personas evacuadas, cuantiosos daños materiales y un inquietante episodio de contaminación de las aguas debido al derrame de petróleo producido al volcarse varias de las instalaciones de almacenaje e inundarse los pozos de extracción de shale gas mediante fracking. La torre de perforación que muestra la foto es similar a las que encontramos en Vaca Muerta y en Allen.El comienzo de 2017 no podía ser más auspicioso para la Administración Macri y buena parte del concentrado conglomerado empresarial de los hidrocarburos.En efecto, en los primeros días de enero, el gobierno nacional expuso los principales aspectos de la nueva política hidrocarburífera, centrada, por un lado,  en el objetivo de la convergencia gradual de los precios internos con los internacionales y, por el otro, en la modificación parcial de las condiciones de trabajo en el eslabón upstream de la industria de los hidrocarburos no convencionales, a través de adendas en los convenios colectivos de los trabajadores del sindicato del Gas y Petróleo Privado de Neuquén, Rio Negro y La Pampa, que es el más importante del país.La referencia al acuerdo alcanzado luego de varios meses de negociaciones, pone el foco en la explotación a gran escala de la formación Vaca Muerta que -en sus 30.000 km2 de extensión- alberga los recursos más importantes del país en petróleo y gas no convencional y, a la sazón, es uno de los reservorios más importantes del mundo en estos recursos.En concreto, los principales cambios incorporados al convenio vigente, pueden resumirse en los siguientes puntos: 1) eliminación de las “horas taxi” por las cuales la jornada laboral se consideraba iniciada cuando el trabajador salía de su domicilio.  2) reducción de la cantidad mínima de operarios por pozo.  3) jornada laboral de 8 horas para operación y mantenimiento de pozos, de lunes a viernes, en reemplazo de la actual, que incluye fines de semana y feriados con salario por lo menos duplicado, y eliminación horas extra.  4) incorporación de tareas nocturnas a la jornada regular.  5) la operación a nivel de superficie continua normalmente sea cual fuere la velocidad del viento y en altura se suspenderá al superarse una velocidad de 60 kilómetros por hora, por encima del límite de 30 km que rige en la actualidad.​​Pozo de extracción de gas no convencional (mediante fracking) en Allen.Es importante tener en cuenta que este tipo de esquemas de organización de la actividad laboral en los yacimientos hidrocarburíferos no convencionales, responden al ya declarado objetivo de reducir los costos promedio de perforación y explotación posterior de los pozos en los distintos proyectos que ya están en marcha y en aquellos otros que podrían encararse. Si se observa el derrotero de YPF desde mediados de 2013- luego del acuerdo con Chevron-, resulta más que evidente que uno de los aspectos fundamentales del proyecto piloto encarada en la explotación de Loma Campana, en Vaca Muerta, remitía a la necesidad de bajar sostenidamente los costos de explotación de los pozos no convencionales, lo cual incluye tanto las dimensiones productivas, tecnológicas, comerciales, logísticas y laborales. Sin embargo, acuerdos de este tipo, se vinculan más bien con la imperiosa necesidad estratégica del Gobierno nacional de mostrar, inequívocamente, un sendero de productividad creciente en el upstream de los no convencionales, que va de la mano de la consolidación de una política hidrocarburífera caracterizada por la apertura, desregulación, convergencia de precios locales con los internacionales, paulatina baja de los fondos destinados a todo tipo de subsidios y aumento de la oferta de hidrocarburos en los próximos años para convertir a nuestro país en un renaciente polo exportador de energía, todo lo cual necesitará de ingentes recursos financieros en las próximas dos décadas.En este escenario, entonces,  el impacto real que podría tener este “proceso de readecuación de costos laborales” de la mano de la adenda firmada por el sindicado conducido por el Senador Guillermo Pereyra, resultaría más bien cosmético y, básicamente, se piensa en la reedición del modelo norteamericano de explotación a gran escala de los yacimientos no convencionales, cuya organización productiva está fuertemente vinculada al logro de agresivas reducciones de costos, aumento de productividad por pozo y altísima movilidad y rotación de la mano de obra en todos los sectores. En tal sentido, el impacto real en términos de costos podría oscilar entre un 15% y un 20% por cada pozo, según lo que manifiestan las empresas del sector, situación que sería mucho más que compensada por la carga de otro tipo de costos, asociados a los componentes tecnológicos y logísticos que son fundamentales en la explotación de los no convencionales bajo la modalidad productiva del fracking con perforaciones de tipo vertical y horizontal en plays muchas vexes reducidos. En efecto, Diego Mansilla, economista especializado en temas hidrocarburíferos, afirma que “…el costo laboral es bajo en la exploración de riesgo, como en Vaca Muerta. Los cambios anunciados no mueven la aguja de las empresas para decidir una inversión de miles de millones de dólares. Tiene mucho más impacto en los costos la inversión en las máquinas perforadoras, insumos como los tubos, la tecnología 3D y servicios” . Asimismo, el proceso de relativa apreciación cambiaria que el sector espera para este año, dada por una inflación por encima del movimiento del dólar, podría licuar en dólares la reducción de costos que podría lograrse con estos cambios. Por otra parte, al comienzo del documento, se afirmó que la senda hacia la consolidación de un esquema abierto y desregulado en el sector hidrocarburífero, suponía la puesta en marcha de una serie de medidas que van en la dirección buscada, además de los cambios en la estructura de organización del trabajo en los yacimientos. Una de esas medidas, refiere al establecimiento de un sendero de precios del gas y del petróleo que, desde la cosmovisión del Gobierno de Cambiemos, permitirá dar un horizonte predecible en materia de inversiones en el eslabón upstream de los no convencionales y, por extensión, en todo el sistema energético nacional. Lo que está detrás de este esquema de precios, es la tan anunciada convergencia de precios locales con los internacionales, que fue otro de los puntos nodales de los anuncios de comienzos de 2017. En efecto, como ya es de público conocimiento, la Argentina sostuvo un precio diferencial del barril de crudo en el mercado interno en el bienio 2015-2016, como consecuencia de la baja sostenida de precios que comenzó a mediados de 2014 y que podría haber generado fuertes impactos en materia de ingresos esperados y en la actividad laboral del sector en los yacimientos. La fórmula creada por Kicillof, en esa particular coyuntura, se sostuvo en  una combinación de incrementos en los incentivos a la extracción de crudo y gas natural destinados a las empresas operadoras, una baja muy significativa de la retenciones- que, dado el contexto de precios a la baja, quedaron en un más que simbólico 1% por cada barril exportado- y el establecimiento de un precio diferencial para el barril liviano- el Medanito- y el más pesado, conocido como Escalante. Ello implicó que, entre 2015 y 2016, ambas referencias de precios fluctuaran en niveles que han estado entre un 80% y un 30% arriba de las referencias internacionales. De esta manera, se habilitó un creciente proceso de transferencia de nuestra propia comunidad al selecto grupo de empresas hidrocarburídferas, de modo tal que la estrategia de incentivos vía subsidios transferidos a estos sectores concentrados, se transformó en una de las principales herramientas de la política hidrocarburífera. La llegada del Gobierno Macri, avaló la continuidad de ese esquema durante 2016, pero puso inmediatamente en marcha un proceso de lenta convergencia de los precios locales a los internacionales, decisión que se verá claramente consolidada hacia mediados de 2017, que es el momento en el que se prevé que las referencias locales de precios converjan con las internacionales. Es importante aclarar que, desde fines de 2016, la referencia de precio del barril Medanito en el mercado interno se ubicó en los u$s 60 promedio, mientras que el Escalante, estaba en los u$s 48, es decir, que ya se habían instrumentado bajas durante 2016 en relación a los precios vigentes en 2015, que eran de u$s 67 para el Medanito y de u$s54 para el Escalante. Ese ajuste a la baja- apenas superior al 10%- fue de la mano de la caída en la actividad económica en los yacimientos en 2016- que orilló entre el 25% y el 30% - y de la ralentización de los ajustes de los precios de los combustibles líquidos, que en 2016 acumularon un 31% de aumento, concentrados en el primer semestre del año. Dicho esto, es importante poner sobre la mesa el monto aproximado de transferencias que toda la comunidad ha soportado a expensas de la mayor rentabilidad del conglomerado empresario de los hidrocarburos. Sólo por la política de precios diferenciales del “barril criollo”, se estima que, entre mediados de 2014 y fines de 2016, esas transferencias orillaron los u$s 5.000 , cuya parte del león- algo más de u$s 3.000-, correspondieron a 2015, que fue el período en el que se registraron las mayores diferencias entre los precios internos e internacionales.Asimismo, el otro gran programa que sirvió de gran aspiradora de fondos para el sector hidrocarburífero, fue el denominado Plan Gas, vigentes desde 2013 bajo dos modalidades, una destinada a los grandes volúmenes de extracción y otra para los más modestos. Ya hemos afirmado que la administración Cambiemos ha bendecido la continuidad de un esquema de incentivos, que se extenderá hasta el 2020, más allá del término del gobierno de Macri, aunque no se trataría, lisa y llanamente, de la mera prolongación del Plan Gas- cuyo vencimiento está previsto para el 31 de diciembre de 2017-, sino del otorgamiento de “…un incentivo de precio para todas las concesiones que pasen de la etapa piloto a la etapa de desarrollo”, según propias palabras del Ministro de Energía Juan José Aranguren. Si tomamos en cuenta lo erogado por el Estado nacional entre 2013 y 2016 en concepto de transferencias por reconocimiento de un mejor precio del gas por millón de btu, (entre los u$s 5 y los u$s 7,5)  nos acercamos a la asombrosa cifra de u$s 5.000 millones . Ligado a estas políticas, el Gobierno nacional definió en 2016 un camino decreciente en el monto de subsidios destinados a los consumos residenciales, comerciales e industriales de gas natural, lo cual se ha confirmado a través de un sendero de precios al alza en dólares, que implica que, hacia 2019, el valor de referencia que pagará todo usuario de gas natural en la Argentina, se acercará a los u$s 7 por millón de btu, lo cual está en consonancia con el mantenimiento de los incentivos y los mayores precios en dólares. Huelga decir que todo el esquema de tarifas modificadas durante 2016 a través de audiencias públicas en gas y electricidad que se materializan en 2017, implicará ajustes realmente sustanciales, si se toma como referencia las tarifas pagadas a enero de 2016, antes de las modificaciones tarifarias. En efecto, en el caso del gas natural, las tarifas finalmente vigentes en octubre de 2016 luego de la audiencia pública ordenada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, implicaron aumentos promedio de más del 200%, mientras que en abril de 2017, comienza a regir el esquema semestral de ajustes en función del cronograma antes indicado. En ese caso, podrían sumarse aumentos que van entre el 30% y el 100%, según los usuarios y niveles de consumo y posibilidades de ahorro. Pero lo que generalmente queda fuera del foco informativo y analítico, es que en el cronograma propuesto, se produjo un verdadero ajustazo del gas en boca de pozo para los usuarios residenciales, que fue del orden del 200% en dólares. Ese es el verdadero ajuste que está detrás de todo el esquema productivo del gas en la Argentina, que será financiado por la enorme masa de usuarios residenciales, comerciales e industriales, bajo las equívocas ilusiones que sólo de esa manera se asegurarán incrementos en la oferta de gas natural que, en cinco o diez años, nos permitirían volver a exportar. Nuevamente, como en otras tantas ocasiones de la historia reciente de la Argentina en materia de política hidrocarburífera, las preguntas que debemos hacernos son: ¿cómo controla el Estado nacional y los provinciales el “creciente, genuino y virtuoso” proceso inversor?, ¿cuáles son los proyectos fundamentales y los compromisos reales de inversión?, ¿qué actores son los que llevan la delantera en semejante proceso? Si, como ha dejado traslucir el Ministro Aranguren en el momento del anuncio de las adendas al convenio colectivo de trabajo de los petroleros neuquinos, los incentivos de precios se destinarán a los proyectos que ya hayan pasado la fase piloto, ¿cómo se garantizará, desde el Estado, la efectiva cualificación técnico productiva de los proyectos y el adecuado control de los mismos a los efectos de proveer al crecimiento constante de la oferta nacional de fluido? Estas preguntas son aún más acuciantes a la luz de la decisión política del gobierno nacional de rehabilitar paulatinamente condiciones de funcionamiento libre y desregulado del mercado de gas en Argentina, lo cual supone la posibilidad de comenzar a exportar aún mínimos excedentes en los momentos del año en que hay más oferta nacional como consecuencia de la baja acentuada de la demanda, por las condiciones propias de la estacionalidad del mercado del gas. En efecto, ello fue decidido a través de una resolución que autoriza la exportación de gas bajo el compromiso de re-importación , lo cual, si bien no implica rehabilitar las condiciones de funcionamiento de un mercado exportador por el mero hecho que somos un país que importa el 25% de sus necesidades de gas natural, sí adelanta una significativa señal a los actores internos y externos del mercado gasífero en función del objetivo de incrementar la disponibilidad y el suministro de gas de manera constante en los próximos años. Aquí hay que hacer una salvedad importante: la Argentina tiene severas restricciones en materia de transporte de gas natural y carece, a su vez, de estructuras de almacenamiento subterráneo del fluido, aspectos que le permitirían adoptar un manejo más eficiente, predecible y, por ende, de mayor margen de maniobra autónomo a la hora de la formulación e implementación de las políticas de abastecimiento y suministro, lo cual constituye otro condicionante estructural relevante. En tal sentido, si la política de economías de escala en relación al gas natural comenzara a recorrer un camino exitoso en los próximos años, no caben dudas que la administración Cambiemos va en dirección a reposicionarnos como un renovado polo exportador de gas natural a toda la región, particularmente a Chile, a través de los gasoductos ya existentes. Por cierto, estas afirmaciones merecerían un debate mucho más amplio y profundo, en el que se privilegien las propuestas de integración gasífera suramericanas, en cuyo entramado, la Argentina tiene en el hermano país de Bolivia, al socio fundamental a partir del acuerdo de suministro de gas natural firmado en 2006 y que tiene vigencia hasta el 2026. Cómo hacer más virtuoso, eficiente y mutuamente beneficioso el complejo engranaje de vinculaciones físicas entre Argentina, Chile y Bolivia en materia de integración gasífera, es y será uno de los ejes fundamentales de la planificación energética hacia el futuro. Así que, recapitulando, tan solo entre 2013 y 2016, por ambos esquemas de incentivos- encubierto en un caso, sincerado en el otro-, el conglomerado de empresas se benefició  con una transferencia de u$s 10.000 millones, en un contexto de falta de planificación integral de una política energética orientada a la diversificación de riesgos y fuentes de generación y más bien reemplazada por el supremo objetivo de la disponibilidad y el aumento de la oferta, leído durante el proceso final del kirchnerismo como soberanía energética y entendido durante la administración Cambiemos como mejoramiento de los estándares de racionalidad y eficiencia en el manejo de la política hidrocarburífera, para lo cual asegurar la disponibilidad resulta central. No deja de ser llamativo, en este orden de argumentaciones, que ambas administraciones hayan echado mano a políticas de incentivos y transferencias que se han caracterizado por la falta absoluta de controles desde el Estado nacional y los Estados provinciales productores de hidrocarburos y por la ausencia de un criterio rector y estratégico sobre qué tipo de subsidios, a qué tipo de empresas y en qué contextos productivos deberían legitimarse en orden al objetivo supremo de aumentar la oferta disponible de hidrocarburos en el mediano y largo plazo. A su vez, este creciente festival de subsidios y transferencias, que se ha convertido en el motor de la política hidrocarburífera nacional, generando un escenario de ganar-ganar para las empresas operadoras, ha sido la piedra de toque del funcionamiento del sistema en la última década, a tal punto que, si se suman las transferencias por los programas creados y por los mecanismos encubiertos descritos, entre 2008 y 2016 las transferencias de toda la comunidad al sector hidrocarburífero, han orillado los u$s 21.000 millones.  Estas estimaciones han sido expuestas en un interesante informe preparado por el “Colectivo Ejes- Enlace por la Justicia Energética y Socioambiental”, en el que se aborda uno de los ejes centrales de la política hidrocarburífera en los últimos años, que se ha caracterizado por las transferencias constantes desde el Estado y los consumidores al conglomerado de empresas operadoras. Allí se destaca, entre otros datos contundentes, que en el período indicado (2008-2016), el Estado nacional transfirió u$s 14.000 millones por diversas vías y por distintos programas al conjunto de empresas operadoras, mientras que u$s 7.000 millones habrían sido transferidos por el conjunto de los consumidores.  Asimismo, dentro del selecto club de las firmas beneficiadas, YPF y Pan American Energy captaron el 72% del total de esas transferencias, mientras que el restante 28% se distribuyó entre Sinopec, Pluspetrol, Total y Petrobras, entre las fundamentales. Finalmente, las medidas anunciadas por el Gobierno nacional involucraron el fin de las retenciones luego de quince años de vigencia después de la crisis de 2001 y el anuncio de un primer aumento de los combustibles líquidos- que se concretó el 12 de enero de 2017- del orden del 8% promedio.En relación a las retenciones, desde fines de 2014, en el contexto de la baja de los precios internacionales, se habían convertido en una herramienta más bien simbólico, ya que Kicillof las había bajado al 1% por barril de crudo exportado. En efecto, la eliminación del cobro de estos derechos, implica una pérdida de algo más de u$s 5 millones, que es lo que representaron aproximadamente en 2016. Por ende, hace rato que dejaron de ser un instrumento de captación de la renta más o menos relevante- tal como lo fue entre el 2002 y el 2013-, de modo tal que el anuncio está más vinculado a la recreación de una “atmósfera del negocios” crecientemente favorable a las inversiones en el nuevo El Dorado de la Argentina: Vaca Muerta y los recursos no convencionales. Por su parte, el aumento de los combustibles líquidos del orden del 8%, estaría sujeto también a un esquema de ajuste escalonado durante el año, a tal punto que la información inicial del gobierno nacional refiere que, durante 2017, se convalidarían un total de cuatro ajustes en los precios de los combustibles.  Téngase en cuenta, en este sentido, que desde la estatización parcial de YPF S.A., en mayo de 2012, los combustibles han aumentado entre un 240% y un 250% según las distintas variedades disponibles , con el agravante que a fines de 2015, luego de la asunción del gobierno de Cambiemos, se produjo una devaluación que, durante el año 2016, ha impactado en más de un 50%. En definitiva, como bien destaca Claudio Scaletta en un artículo reciente, “el discurso de la Alianza PRO recupera el relato noventista según el cual el regreso de la desregulación permitirá el aumento de la inversión, de la producción y del autoabastecimiento. La experiencia histórica de la aplicación de estas políticas durante los 90 y su continuidad relativa en los primeros 2000 no verifican la hipótesis. Siempre juzgando sobre los resultados, el camino para lograr estos objetivos es exactamente el contrario: más planificación y control estatal. De todas maneras, tanto para 2017 como para lo que queda de la década, los analistas internacionales del sector prevén un sendero de precios crecientes. Hasta 65 dólares el barril de crudo este año y hasta los 75 en 2019, valores que vuelven rentables las explotaciones no convencionales y, en consecuencia, permiten prever la llegada de inversiones sobre la base de este sólo dato. Pero el punto central, siempre que se trata de inversión extranjera, es que su sola llegada no garantiza la retroalimentación expansiva del proceso inversor y el desarrollo. Tampoco su aprovechamiento por el conjunto de la sociedad. Al igual que los ‘90 podría generarse un proceso puramente extractivo de recursos naturales no renovables.” Ahora, el rescate del proceso inversor de manos de un Estado irresponsable, ineficiente y mal asignador de recursos, que es lo que opera detrás de la lógica de las medidas aperturistas tomadas por el Gobierno en el sector hidrocarburífero, supone la consumación de un escenario crecientemente favorable para la Argentina en materia crediticia, de inversiones y de endeudamiento y, por otro lado, implica un peligroso avance de carácter extractivista productivista que la Argentina no ha transitado en sus 70 años de historia hidrocarburífera, por lo menos, con la intensidad que supondría la explotación a gran escala de los recursos no renovables en Vaca Muerta y en otros posibles yacimientos.Ello nos pone ante un necesario e irrevocable ejercicio analítico que se comprende bien en términos sistémicos, ya que si bien la disponibilidad y el suministro son criterios centrales de cualquier política energética sólida, no es menos evidente que el acceso a la energía en condiciones de igualdad asegurado a toda la comunidad, el adecuado control público y la regulación de los actores que intervienen en el proceso productivo, como la dimensión de sostenibilidad ambiental, son atributos centrales de toda política energética que se precie de equilibrada, armónica y eficiente. Allí nos topamos nuevamente con las mismas piedras que parecen haber surcado nuestros intentos de crecer y desarrollarnos de la mano de diversos modelos energéticos dominantes en nuestra historia reciente. Aunque, en esta particular coyuntura histórica, tenemos por delante nuevos condimentos, circunstancias y desafíos que no necesariamente son encarados sólo por actores y sectores críticos de las tradicionales políticas extractivas en el campo de la energía. Nos referimos, concretamente, a la incorporación de la agenda de las energías renovables por parte de esta administración durante 2016, que ya ha dejado un resultado a través de licitaciones que han derivado en 59 proyectos elegidos para instalar energía eólica, solar fotovoltaica, biomasa, biogás y pequeños emprendimientos hidroeléctricos, por más de u$s 4.000 millones proyectados en los próximos años. En este sentido, es importante corroborar que, a comienzos de 2017, el Gobierno nacional procedió a la firma de los primeros 23 proyectos de los 59 licitados en la ronda y media encarada entre septiembre y noviembre de 2016. En efecto, del total de 2.423,5 megavatios otorgados, estos contratos firmados implican la puesta en marcha de 1.133 megavatios- aproximadamente un 50% del total licitado-, que deberán instrumentarse en los próximos dos años. Asimismo, debe tenerse en cuenta que, en caso de llegar a buen puerto con los mencionados contratos- es decir, si estos megavatios adicionales pasan a formar parte de la oferta de potencia realmente disponible en el sistema-, se podría llegar a fines de 2018 a un 4,5%/ 5% promedio de producción de energía eléctrica proveniente de fuentes renovables, mientras que si todos los proyectos licitados se pusieran en marcha en los próximos años, podría llegarse a 2019/2020 a un 9% promedio de la matriz de generación eléctrica provista por fuentes renovables. Claro, el gran interrogante, a la luz de nuestra propia historia, es si puede pensarse en un esquema de extracción y producción de energía sostenible en el tiempo de la mano de la mayor preponderancia del gas natural no convencional en los próximos años, que sea compatible con el paulatino desarrollo de un sector nacional de producción de energía renovable bajo los criterios de complementariedad de fuentes, gradualismo y diversificación tecnológica, productiva y territorial. La elaboración de una propuesta de salida a este dilema es aún más acuciante si se tiene en cuenta que la flamante Administración Trump, que asumió el 20 de enero pasado, ha reorientado dramáticamente la estrategia de planificación y formulación de políticas energéticas , cuyo punto neurálgico pasará por la consolidación del esquema productivista basado en los hidrocarburos no convencionales y en las nuevas metodologías más eficientes y menos contaminantes de extracción de carbón para su uso en producción de energía eléctrica. En ese sentido, uno de los grandes interrogantes hacia el mediano y largo plazo, es el destino de las políticas de diversificación de la matriz energética promovidas por la saliente Administración Obama, cuyo eje nodal estaba orientado por la mitigación y adaptación ante el fenómeno del cambio climático.  Estimamos que este tipo de interrogantes, marcan los senderos que deberemos transitar más temprano que tarde, porque el tiempo de debate sobre qué energía queremos, para qué tipo de modelo productivo y con qué políticas de acceso, control y disponibilidad, resultan ya impostergables.

​Proyecto Presupuesto 2018
Principales aspectos en el área energéticapor Gustavo LahoudLic. en Relaciones Internacionales de la Universidad del Salvador (USAL) 20 de noviembre de 2017 ​La presentación del proyecto de presupuesto de recursos y gastos de la Administración Nacional para el año 2018 en el área energética, se inscribe muy claramente en la visión dominante de seguridad energética que caracteriza la concepción estratégica de la política pública de la Administración Cambiemos. En efecto, tal como se caracteriza en el mismo mensaje que acompaña el texto del proyecto de ley, las decisiones en materia de gastos corrientes y de capital están dirigidas a robustecer el suministro local de energéticos- particularmente, gas natural-  a través de políticas de incentivos vinculadas a mayores remuneraciones a las empresas operadoras y, por otro lado, a diversificar las fuentes de generación de energía mediante la incorporación paulatina de oferta de energía eléctrica proveniente de fuentes renovables y propender al ahorro y eficiencia energética. Esto último, se relaciona con la instrumentación de diversos mecanismos previstos en la legislación de promoción de producción de energía a través de fuentes renovables. Pero, en lo que respecta a las políticas promocionales en materia de hidrocarburos, las mismas se concentran en los proyectos de gas no convencional- fundamentalmente shale gas y en menor medida, tight gas-, en la cuenca neuquina, en la formación Vaca Muerta. A su vez, en materia de extracción de crudo, durante 2017 se ha operado la paulatina adecuación a los precios internacionales- que en los últimos tres años han sido más bajos que los locales-, de forma tal que los subsidios implícitos que fueron parte de los esquemas de transferencias de recursos a los conglomerados del sector en los últimos años, se desvanecen o se debilitan decisivamente. También, en este escenario, se restablecen las condiciones para el incremento de la importación de combustibles líquidos, ya que la coyuntura internacional de precios a la baja, habilita el mecanismo importador por parte de las empresas, a falta de criterios regulatorios claros de protección y promoción de la oferta nacional. Ahora, si se observa la confección del Presupuesto 2018 en materia de energía, se pueden distinguir algunas cuestiones que marcan la coherencia con la línea de gestión de la política energética iniciada a fines de 2015 por la Administración Cambiemos. En primer lugar, el eje vinculado a la promoción de las energías renovables se consolida a partir de la aprobación de los proyectos y de los instrumentos específicos previstos en la legislación de promoción de producción eléctrica a partir de fuentes renovables (leyes 26.190 y 27.191, esta última, de fines de 2015). En ese marco, en el artículo 23 del proyecto de Presupuesto 2018, se establecen cupos fiscales para ser asignados a los beneficios promocionales previstos en la legislación mencionada. En este caso, suman 1.424.250.000 de dólares. Esta fuente de recursos, se complementa con la emisión de letras del Tesoro por un monto máximo de 2.422.500.000 de dólares, destinados a cubrir las garantías establecidas en el Fondo de Promoción de Energías Renovables (FODER) para asegurar el pago, por parte de CAMMESA, de la energía adicional generada en el marco de estos proyectos. Así se establece en el artículo 42 del proyecto.  Estos mecanismos, están previstos también en la legislación señalada. Por ende, a partir de ambos instrumentos, se disponen casi u$s 4.000 millones de dólares para la puesta en marcha de los proyectos renovables durante 2018 y, muy probablemente, 2019, ya que se trata de obras con presupuestos plurianuales. En segundo lugar, en lo que respecta a la política hidrocarburífera en general y al subsector eléctrico, el presupuesto establece algunas cuestiones relevantes, en línea con la política de seguridad energética y de priorización del suministro y disponibilidad, antes que del autoabastecimiento. Entre ellas: - Se faculta al Poder Ejecutivo Nacional para endeudamiento destinado a la adquisición de combustibles líquidos y gaseosos y la importación de energía eléctrica, por un monto total de 14.000 millones de pesos. Aquí no hay nada nuevo, ya que se trata de la aplicación de recursos a las políticas de importación que nuestro país necesita cubrir a los efectos de paliar su déficit energético.-  Se restituye la eximición de impuestos a los combustibles líquidos vigentes en la Argentina a la importación de gas oil y diesel oil, hasta un máximo de 1.500.000 m3 en el año, aunque esa cifra puede elevarse hasta un 20% adicional en función de los requerimientos del mercado, según sea definido por las autoridades. Esto se establece en el artículo 95 del proyecto de Presupuesto. Esta facultad no fue incorporada en los últimos tres presupuestos- el último del gobierno de Cristina Kirchner y los dos primeros años de Macri-, pero estimamos que su restablecimiento está relacionado con la necesidad de asegurar políticas de suministro y disponibilidad de combustibles, en un contexto de caída en la extracción de crudo y de aumento de los niveles de importación por parte de las empresas. Ese combo, sólo puede ser explicado desde un mix que suma mayor liberalidad para el accionar de las empresas con menores restricciones por parte de la autoridad regulatoria pública.- Las empresas del sector energético- fundamentalmente CAMMESA en el área eléctrica-, como así también otras empresas en los rubros de transporte e infraestructura, podrán celebrar contratos de Participación Público-Privada, en el marco de la ley 27.328, que habilita esa posibilidad. En lo que respecta a CAMMESA, esa facultad se establece en el artículo 85 del proyecto de Presupuesto. Esto sí debe ser identificado como una novedad, en función de los criterios priorizados para la realización de obra pública.- En lo que respecta a las políticas de transferencias de subsidios, la decisión gubernamental está en línea con la consolidación de las políticas de incentivos a la extracción de gas no convencional en el yacimiento Vaca Muerta, en la cuenca neuquina. Es importante señalar que a comienzos de 2017, se emitió una resolución por la que se establecen precios diferenciales entre u$s 7,50 y u$s 6 para el período 2018-2021, para la extracción de ese tipo de hidrocarburo en la cuenca neuquina. Esos criterios, están en línea con el mayor flujo de fondos que se destinaron en 2016 y 2017 a la cobertura de subsidios a través del todavía vigente Plan Gas, que rige desde 2013 y que podría discontinuarse a fines de 2017. Este instrumento que señalamos, es el único que está previsto por ahora para reemplazar la posible supresión del Plan Gas. Como dato ilustrativo, desde que este plan está vigente- a fines de 2017 cumplirá cinco años-, se han transferido desde las arcas públicas al sector privado, más de u$s  6.700 millones, lo cual les ha permitido a las empresas solventar una parte muy significativas de los compromisos de inversión en los yacimientos.- Finalmente, en lo vinculado a inversiones de capital en obras de infraestructura, despunta la continuidad de las obras de las centrales hidroeléctricas Kirchner y Cepernic en Santa Cruz, que concentran el mayor monto previsto en un esquema de presupuesto plurianual (u$s 4.700 millones). También están pautados otros proyectos de centrales hidroeléctricas, como la de Chihuido, en Neuquén, por un monto aproximado de u$s 2.231 millones. Este es uno de los casos, en el que el financiamiento podrís provenir de los acuerdos público-privados.  También están previstos los proyectos de la central “Portezuelo del Viento”, la construcción del complejo hídrico multipropósito de los ríos Las Cañas, Gastona y Medina ( provincias de Tucumán y Catamarca), aprovechamiento multipropósito El Tambolar (San Juan) y el parque fotovoltaico Cauchari, en Jujuy. Asimismo, habrá recursos destinados a inversiones en aumento de la disponibilidad de energía eléctrica a través de nuevas centrales térmicas o cierres de ciclos combinados. En estos casos, más allá de lo que pueda pautarse en el proyecto, se prevén inversiones superiores a los u$s 3.000 millones durante 2018 y 2019. En el sector hidrocarburífero, se da continuidad a la licitación y adjudicación de obras para la extensión de la red de transporte de gas natural.  Esas obras son las correspondientes al Gasoducto Regional Centro II, al sistema cordillerano patagónico, al Gasoducto Cordillerano y al Gasoducto de la Costa, en las que se prevé invertir más de 4.000 ,millones. A su vez, en líneas generales, la inversión prevista en infraestructura trepa del 2,6% del PBI al 3,5%, lo cual representa  un monto aproximado de $ 350.000 millones; de ese total, unos $ 175.000 millones- la mitad aproximadamente-, provendrían de financiamiento privado, en el marco de la legislación previamente señalada. Adicionalmente, las obras de infraestructura hídrica y de agua potable, se llevarán una parte muy importante de la inversión prevista, con más de $40.000 millones y 38 proyectos en los que podrían participar actores privados. En materia ferroviaria, hay previsto un aumento importante, de $16.000 millones a $37.000 millones, junto con la puesta en marcha del Plan Belgrano Cargas- con financiamiento chino-, mientras que en materia aeroportuaria, se desembolsarán aproximadamente $12.000 millones, más del doble de los $5.000 millones previstos en 2017. Finalmente, en lo que respecta a inversiones viales- rutas, puentes y caminos-, se prevén montos también muy significativos. Todas estas inversiones están incluidas dentro de los llamados Planes Estratégicos. Un tercer aspecto a señalar, es el vinculado a la evolución de los subsidios destinados a la cobertura de los servicios públicos de electricidad y gas natural. En el proyecto de Presupuesto 2018, se establece una reducción importante del orden del 18,7% con relación a 2017, lo que redundaría en un ahorro de $28.630 millones (153.356 millones de pesos en 2017 contra 124.726 millones previstos para 2018). Esta decisión es coherente con las políticas de recomposición tarifaria encaradas durante 2016 y 2017, y va de la mano con un nuevo aumento de las tarifas que sigue el criterio establecido durante estos dos últimos años. Asimismo, la política de recomposición de tarifas, va en línea con la decisión política de reducir de manera relevante el peso de los subsidios en el conjunto del producto. Si en 2016, los subsidios a los servicios públicos explicaron un 3,3% del PBI, en 2017 implican un estimado de 2,2%, lo cual redundaría en una baja muy significativa de un punto del producto. Hacia 2018, el objetivo es acentuar esta política para bajar la incidencia de este rubro del gasto muy por debajo del 2%. Tal vez el recorte esperado en estos subsidios, estará en el 0,5% del PBI, mientras que en el rubro Transporte, la reducción será del 0,2% del PBI. En este último caso, el recorte en relación a 2017 es más modesto, y se ubica en el 5%. Los subsidios a energía, combustibles y minería, por un lado, y transporte, por el otro, explican más del 80% del total de las transferencias en la función servicios económicos.Asimismo, resulta relevante poner la mirada en el comportamiento del gasto público en los subsidios gasíferos durante los primeros meses de 2017. En efecto, las transferencias a las empresas privadas- vigentes en el sector hidrocarburífero desde hace años-,  junto con el financiamiento creciente de los fondos fiduciarios que cubren consumos de gas en hogares de menores recursos y sin conexión a redes troncales de abastecimiento, han crecido hasta los casi $25.000 millones entre enero y julio de 2017.Si se observan las cifras desagregadas, vemos lo siguiente. Las transferencias por el llamado Plan Gas, ascendieron a $17.000 millones en el período enero-julio de 2017, contra $2.000 millones de igual período de 2016. Ello implica que esta partida ha crecido más de ocho veces en la medición interanual, lo cual señala el criterio de fuerte redireccionamiento del gasto público intra sector energético hacia las empresas, con el simultáneo encarecimiento tarifario hacia los consumos residenciales, comerciales e industriales. A su vez, otro de  los programas- formulación y ejecución de la política de hidrocarburos-, supuso una transferencia de $2.900 millones entre enero y julio de 2017, contra $300 millones en el mismo lapso de 2016. Es decir, un impresionante aumento de casi diez veces. Otro sector que debe monitorearse, es ENARSA, empresa a cargo de la importación de gas natural, tanto el que viene de Bolivia como el que se importa por barcos. En los primeros siete meses de 2017, ENARSA recibió $4.100 millones, frente a los $2.800 millones de igual período de 2016. Pero, con la reasignación presupuestaria publicada el 18 de septiembre pasado en el Boletín Oficial, esta empresa recibe un refuerzo de $3.000 millones adicionales. Es que, si bien entre enero y julio de 2017, la importación de combustibles y energía disminuyó en 5,4% según datos del INDEC, las mismas resultaron un 17,7$ más caras que un año atrás. Ello está vinculado con pequeños ajustes alcistas en los precios promedio de importación del gas natural en 2017 en relación a 2016. Por último, aumentaron las necesidades de financiamiento de los fondos fiduciarios relevantes en materia gasífero. Uno de ellos, es el Plan Hogar ( subsidios de garrafas), destinados a los usuarios sin acceso a red troncal de gas. En efecto, entre enero y julio de 2017, por este Plan, el Estado erogó $3.100 millones, contra los $880 millones del mismo lapso de 2016, es decir, un 39,2% más. Ello está en línea con los reajustes en la cadena del GLP, decididos al compás de los amentos tarifarios en gas natural. Y el otro fondo, el destinado a cubrir los consumos residenciales de gas en regiones desfavorecidas- Patagonia, Puna y Malargue-, registró asignaciones ocho veces superiores a 2016 entre enero y julio de 2017. Así, pasó de los $120 millones a los $1.000 millones aproximadamente. Y por una decisión del Ministerio de Energía del 20 de septiembre de 2017, se aprobó una transferencia adicional de $1.959 por las compensaciones para el período comprendido entre septiembre y enero.Por su parte, en lo que respecta a los subsidios para el sector eléctrico, la incidencia del aumento del 100% en el precio mayorista de la energía- que rige desde marzo de 2017- , sumado a los ajustes en los segmentos de transporte y distribución, más un invierno relativamente benigno, incidieron en la consumación de un significativo recorte del gasto, estimado en los $42.000 millones en los primeros siete meses de 2017. Tal es así, que entre enero y julio de 2017, las transferencias a CAMMESA- a cargo de las transacciones en el subsector eléctrico-, se estiman en $30.000 millones, un 55% menos que los $66.850 millones que se destinaron entre enero y julio de 2016. Asimismo, por las reasignaciones presupuestarias decididas a través de la resolución de Jefatura de Gabinete del 18 de septiembre pasado, se reasignaron para otras finalidades $4.619 millones que formaban parte del crédito de CAMMESA. Así, el “ahorro” total del Estado en el gasto destinado al sector eléctrico, suma $41.469 millones entre enero y julio de 2017.Por otro lado, es importante tener en cuenta que, en la presentación de la problemática energética y de las políticas llevadas adelante en la función energía, combustibles y minería, el gobierno establece una serie de iniciativas prioritarias, con asignaciones presupuestarias definidas. Esta información es complementada con la publicación de indicadores de resultados. Esto es una novedad en relación a la opacidad heredada de la administración anterior.Así, en los sectores de hidrocarburos y eléctrico, se registran dos iniciativas: - Iniciativa 15, Normalización del Mercado de Hidrocarburos, cuyo programa destacado es la Formulación y Ejecución de Políticas de Hidrocarburos, con un monto de 26.310,3 millones de pesos. Esto es fundamentalmente la concentración de subsidios destinados a la extracción adicional de gas natural.- Iniciativa 16, Normalización del Mercado eléctrico, cuyo programa destacado es la Formulación y Ejecución de Políticas de Energía Eléctrica, con un monto de 64.961,8 millones de pesos. Esto es básicamente el conjunto de las transferencias a CAMMESA, para la ejecución de obras de infraestructura energética  y la cobertura descendente de subsidios. Aquí se establecen indicadores de resultado vinculados al porcentaje de cobertura del costo mayorista eléctrico por medio de la tarifa abonada por los usuarios. Ese número, está en línea con la supresión de subsidios. Así, en 2016, ese porcentaje cubría el 30% de la tarifa, mientras que en 2017 sube al 52% y se prevé que en 2018, ese valor ascienda al 61%.Además, se establece un indicador de resultado vinculado al incremento interanual de la producción de gas natural. Así, mientras en 2016 se incrementó la extracción en un 5%, en 2017 debería incrementarse en un 3% y un 6% en 2018.También se mide la tasa de Consumo de energía eléctrica a partir de fuentes renovables, que en 2017 representa un módico 2% del total de generación, y en 2018 debería llegar al 2,7%. Sin embargo, este dato no parece muy consistente en relación a lo que se establece como criterio a alcanzar a fines de 2018 en materia de provisión de energía eléctrica de fuentes renovables, que está establecida en un 8% en la legislación y en el mismo mensaje del proyecto de presupuesto (Pag. 43).Por otro lado, hay un nuevo indicador relacionado con el subsidio a hogares de bajos recursos sin servicio de gas por redes. En 2016, fueron beneficiados 2.632.906 hogares, mientras que en 2017, la cobertura alcanza a 2.800.000 hogares, y se incrementa a 2.850.000 en 2018, lo cual representa alrededor del 25% total de la población argentina que no cuenta con cobertura de gas domiciliaria.Otro programa relevante, es el de Desarrollo Energético Provincial, que tiene una asignación de $2.461,2 millones, y a través del cual se administran Fondos de Desarrollo Eléctrico del Interior y Subsidios tarifarios a usuarios finales del interior del país.El programa Acciones para el Uso Racional y Eficiente de la Energía, cuenta con $984,6 millones y va de la mano del aumento de las acciones para el ahorro de energía. Aquí se elaboran un par de indicadores que miden el ahorro de energía eléctrica por recambio de luminarias en municipios y el ahorro por aplicación de políticas de eficiencia energética en la industria. En ambos, se espera lograr resultados muy relevantes. Así, mientras en 2017, se ahorraron, respectivamente, 16.579 MW/h y 128.000 MW/h, en 2018 se prevé ahorrar 89.300 MW/h y 404.329 MW/h, respectivamente.Finalmente, en lo que respecta a la promoción de las energías renovables, el Gobierno nacional lanzó, a mediados de agosto de 2017, la denominada Ronda 2 en el marco de Programa Renovar, por el que ya se habían adjudicado 59 proyectos por un total de casi 2.400 MW de generación de fuentes renovables. Si bien este nuevo proceso está en pleno desarrollo, no deja de ser relevante comentar que las autoridades del Ministerio de Energía y Minería han tomado otra decisión significativa en línea con la consolidación del nuevo esquema de producción eléctrica renovable. Nos referimos a la creación del Mercado a Término de Energía Eléctrica de Fuente Renovable, a través de la Resolución 281 del agosto de 2017. Este nuevo mercado- en el que CAMMESA será el principal operador en términos de su rol como comprador y vendedor de energía eléctrica-, supone la adecuación de todos los actores relevantes- desde generadores, autogeneradores, comercializadores, distribuidores hasta los grandes, medianos y pequeños usuarios – a los estándares de racionalización del consumo de energía eléctrica, ahorro y uso de fuentes renovables alternativas, tal como señala la ley 27.191 de producción de energía eléctrica a partir de fuentes renovables.Simultáneamente a estas novedades, el ministerio de Energía informó que comenzó a regir la garantía del Banco Mundial para los proyectos de energías renovables que se adjudicaron en las Rondas 1 y 1.5. Este es un paso fundamental para el sector, ya que algunas iniciativas estaban demoradas a la espera de ese aval, por unos US$ 480 millones.Estos fondos, entonces, quedaron liberados a partir  de la firma del Acuerdo de Indemnidad con el Banco Mundial para el Programa de Garantía al Fondo para el Desarrollo de Energías Renovables (Foder), suscrito por el Ministro de Energía Juan José Aranguren y su par de Finanzas, Luis Caputo.  A partir de estas adhesiones comienza a regir la garantía, con plazos de hasta 20 años para cada uno de los 27 proyectos de las rondas 1 y 1.5 del Programa RenovAr que la han solicitado, de los cuales 12 son eólicos (721 MW), 10 son de energía solar fotovoltaica (306 MW), cuatro son pequeños aprovechamientos hidroeléctricos (4 MW) y uno de biogás (1 MW). Ello es muy relevante en relación a los mismos objetivos del Gobierno nacional, ya que estas garantías abarcan casi al 50% del total de proyectos adjudicados, que fueron 59, como se informó anteriormente. El conjunto de estos proyectos- para generar oferta adicional de 2.400 MW- deberían estar en funcionamiento antes de fines de 2018, en el marco del esquema de diversificación de las fuentes de suministro eléctrico y de aumento de la disponibilidad, en función de lo pautado por la ley 27.191. Es más, todo este esquema es ratificado por las decisiones de política presupuestaria en materia de energía para 2018. A su vez, la otra gran novedad relevante en el plano del subsector eléctrico, ha sido la recepción- a comienzos de agosto- de ofertas técnicas y económicas de las empresas interesadas en instalar plantas de generación de energía eléctrica mediante el cierre de ciclos combinados, lo cual está enmarcado en una de las decisiones maestras tomadas por el Gobierno para aumentar la eficiencia del parque de generación y fortalecer la disponibilidad a partir de la creación de nueva oferta firme.En total, se recibieron 33 ofertas que implicaban  una inversión estimada en torno de US$ 3000 millones, por un total de oferta adicional de 4.500 MW,  lo cual estaba por encima de las expectativas pautadas por el Ministerio de Energía. 1Los proyectos fueron propuestos por once grupos empresarios localizados en siete provincias. En el caso de las ofertas para instalar cogeneración (generación relacionada con un proceso industrial), los interesados pertenecen a las industrias aceitera, petroquímica, destilerías, química y gas. El criterio para la selección de las mejores ofertas se basó en el cálculo de los beneficios que producen en el sistema eléctrico en su conjunto. La apertura de las ofertas económicas se pautó para el 30 de agosto y la adjudicación  fue realizada el 22 de septiembre de 2017.Ahora, el resultado inicial de esta convocatoria, ha estado lejos de las expectativas iniciales, lo cual está vinculado a que, en la compulsa de precios y condiciones, la mayoría de las propuestas presentadas han estado por debajo de las expectativas de las autoridades de energía. Así, en esta primera etapa, fueron seleccionados tres proyectos por un total de u$s 500 millones para generar una oferta adicional de 506 MW. En todos los casos, se trataron de proyectos de cogeneración relacionados a procesos industriales. Dos de esos proyectos fueron adjudicados a Central Puerto, del grupo SADESA, uno en Luján de Cuyo, Mendoza, por 89 MW y otro en San Lorenzo, Santa Fe, por 317 MW. Uno de los principales accionistas es Nicolás Caputo, muy cercano al Presidente de la República. El restante proyecto fue adjudicado al Grupo Albanesi, en Arroyo Seco, Santa Fe por 100 MW. Este grupo es otro de los grandes consorcios de generación eléctrica en el país. Es importante tener en cuenta que esta inversión enteramente privada por más de u$s 500 millones, brinda garantías importantes a las firmas adjudicatarias, ya que su repago se asegura mediante contratos de largo plazo con la demanda. Se trata de contratos con plazos de quince años y a precios superiores a los de la media mundial para participar de uno de los negocios más rentables que brinda la economía argentina en esta particular coyuntura. En tal sentido, se reproducen condiciones parecidas a las vigentes en las convocatorias para proyectos de generación renovable ya comentados, lo cual abre importantes interrogantes hacia el futuro en lo que respecta a las ecuaciones predominantes de precios en el subsector eléctrico. Un balance parcial: los caminos contrapuestos del debate energético actual En definitiva, como bien destaca Claudio Scaletta en un artículo, “el discurso de la Alianza PRO recupera el relato noventista según el cual el regreso de la desregulación permitirá el aumento de la inversión, de la producción y del autoabastecimiento. La experiencia histórica de la aplicación de estas políticas durante los 90 y su continuidad relativa en los primeros 2000 no verifican la hipótesis. Siempre juzgando sobre los resultados, el camino para lograr estos objetivos es exactamente el contrario: más planificación y control estatal. De todas maneras, tanto para 2017 como para lo que queda de la década, los analistas internacionales del sector prevén un sendero de precios crecientes. Hasta 65 dólares el barril de crudo este año y hasta los 75 en 2019, valores que vuelven rentables las explotaciones no convencionales y, en consecuencia, permiten prever la llegada de inversiones sobre la base de este sólo dato. Pero el punto central, siempre que se trata de inversión extranjera, es que su sola llegada no garantiza la retroalimentación expansiva del proceso inversor y el desarrollo. Tampoco su aprovechamiento por el conjunto de la sociedad. Al igual que los ‘90 podría generarse un proceso puramente extractivo de recursos naturales no renovables.” 2 Ahora, el rescate del proceso inversor de manos de un Estado irresponsable, ineficiente y mal asignador de recursos, que es lo que opera detrás de la lógica de las medidas aperturistas tomadas por el Gobierno en el sector hidrocarburífero, supone la consumación de un escenario crecientemente favorable para la Argentina en materia crediticia, de inversiones y de endeudamiento y, por otro lado, implica un peligroso avance de carácter extractivista productivista que la Argentina no ha transitado en sus 70 años de historia hidrocarburífera, por lo menos, con la intensidad que supondría la explotación a gran escala de los recursos no renovables en Vaca Muerta y en otros posibles yacimientos. Ello nos pone ante un necesario e irrevocable ejercicio analítico que se comprende bien en términos sistémicos, ya que si bien la disponibilidad y el suministro son criterios centrales de cualquier política energética sólida, no es menos evidente que el acceso a la energía en condiciones de igualdad asegurado a toda la comunidad, el adecuado control público y la regulación de los actores que intervienen en el proceso productivo, como la dimensión de sostenibilidad ambiental, son atributos centrales de toda política energética que se precie de equilibrada, armónica y eficiente. Allí nos topamos nuevamente con las mismas piedras que parecen haber surcado nuestros intentos de crecer y desarrollarnos de la mano de diversos modelos energéticos dominantes en nuestra historia reciente. Aunque, en esta particular coyuntura histórica, tenemos por delante nuevos condimentos, circunstancias y desafíos que no necesariamente son encarados sólo por actores y sectores críticos de las tradicionales políticas extractivas en el campo de la energía. Nos referimos, concretamente, a la incorporación de la agenda de las energías renovables por parte de esta administración durante 2016, que ya ha dejado un resultado a través de licitaciones que han derivado en 59 proyectos elegidos para instalar energía eólica, solar fotovoltaica, biomasa, biogás y pequeños emprendimientos hidroeléctricos, por más de u$s 4.000 millones proyectados en los próximos años. En este sentido, es importante corroborar que, a comienzos de 2017, el Gobierno nacional procedió a la firma de los primeros 23 proyectos de los 59 licitados en la ronda y media encarada entre septiembre y noviembre de 2016. En efecto, del total de 2.423,5 megavatios otorgados, estos contratos firmados implican la puesta en marcha de 1.133 megavatios- aproximadamente un 50% del total licitado-, que deberán instrumentarse en los próximos dos años. Asimismo, debe tenerse en cuenta que, en caso de llegar a buen puerto con los mencionados contratos- es decir, si estos megavatios adicionales pasan a formar parte de la oferta de potencia realmente disponible en el sistema-, se podría llegar a fines de 2018 a un 4,5%/ 5% promedio de producción de energía eléctrica proveniente de fuentes renovables, mientras que si todos los proyectos licitados se pusieran en marcha en los próximos años, podría llegarse a 2019/2020 a un 9% promedio de la matriz de generación eléctrica provista por fuentes renovables. 3 Claro, el gran interrogante, a la luz de nuestra propia historia, es si puede pensarse en un esquema de extracción y producción de energía sostenible en el tiempo de la mano de la mayor preponderancia del gas natural no convencional en los próximos años, que sea compatible con el paulatino desarrollo de un sector nacional de producción de energía renovable bajo los criterios de complementariedad de fuentes, gradualismo y diversificación tecnológica, productiva y territorial. La elaboración de una propuesta de salida a este dilema es aún más acuciante si se tiene en cuenta que la flamante Administración Trump, que asumió el 20 de enero pasado, ha reorientado dramáticamente la estrategia de planificación y formulación de políticas energéticas 4, cuyo punto neurálgico pasará por la consolidación del esquema productivista basado en los hidrocarburos no convencionales y en las nuevas metodologías más eficientes y menos contaminantes de extracción de carbón para su uso en producción de energía eléctrica. En ese sentido, uno de los grandes interrogantes hacia el mediano y largo plazo, es el destino de las políticas de diversificación de la matriz energética promovidas por la saliente Administración Obama, cuyo eje nodal estaba orientado por la mitigación y adaptación ante el fenómeno del cambio climático.  Estimamos que este tipo de interrogantes, marcan los senderos que deberemos transitar más temprano que tarde, porque el tiempo de debate sobre qué energía queremos, para qué tipo de modelo productivo y con qué políticas de acceso, control y disponibilidad, resultan ya impostergables. Buenos Aires, 1 de noviembre de 2017Gustavo Omar Lahoud Docente Universitario USAL-UCA Seminario Recursos Naturales Estratégicos en AméricaLatinaInvestigador Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas (IPYPP-Unidad Popular)Integrante Fundación Más Derechos por Más Dignidad - Responsable Área EnergíaColaborador Libres e Iguales

​1 https://www.pagina12.com.ar/65201-gano-el-hermano-de-la-vida-de-macri 2 https://www.pagina12.com.ar/14171-posverdad-petrolera 3 http://www.cronista.com/economiapolitica/Energias-renovables-el-Gobierno-firmo-16-nuevos-contratos-por-818-megavatios-20170123-0093.html 4 https://www.whitehouse.gov/america-first-energy

​Reunión de la OMC en Buenos Aires
¿Qué pasó?por Gustavo LahoudLic. en Relaciones Internacionales de la Universidad del Salvador (USAL) 20 de diciembre de 2017​​Adolfo Pérez Esquivel, premio Nobel de la Paz, Nora Cortiñas, Madre de Plaza de Mayo Línea Fundadora, en la Marcha de la Confluencia NO A LA OMC (12 de Diciembre de 2017)Entre el 10 y el 13 de diciembre se llevó a cabo en Buenos Aires la XI Reunión Ministerial de la Organización Mundial de Comercio (OMC), en un contexto global y regional altamente volátil y desafiante, con manifestaciones de crisis sistémicas que repercuten decisivamente en el agravamiento de la desigualdad mundial y en el avance sin pausa de las pujas de las grandes potencias por el control de y el acceso a fuentes de recursos naturales estratégicos y el creciente deterioro de las condiciones de habitabilidad del planeta, lo cual se manifiesta en la actualidad de la crisis climática ambiental, vivida como una auténtica crisis civilizatoria por buena parte de la comunidad humana. En ese contexto, la reunión de la OMC que se realizó en Buenos Aires, intentó reinstalar, en el ámbito multilateral, el debate sobre una serie de temas de agenda que no sólo tienen que ver con el comercio de bienes y servicios, sino con los procesos de facilitación comercial y de servicios con la eliminación de todo tipo de trabas de regulación desde los Estados, la temática del comercio electrónico, el siempre polémica y nunca resuelto asunto del capítulo agrícola y la cuestión del comercio del sector pesquero y la posible eliminación de subsidios.Lo primero que debemos señalar es que las deliberaciones resultaron en un fiasco absoluto, a tal punto que, los 164 países miembros no pudieron consensuar una declaración final que orientara algún camino de salida para una hoja de ruta que, en lo fundamental, intenta construir dos grandes objetivos en materia comercial. Por un lado, la remoción de todas las reglamentaciones regulatorias de nuestros Estados en las áreas temáticas que se consideraron, que van desde el comercio de bienes agrícolas e industriales, servicios, participación de grandes empresas privadas en licitaciones públicas de los Estados, reconocimiento de patentes por períodos iguales o mayores a los cinco años en áreas claves como la actividad farmacéutica y otros tipo de industrias de la innovación, la desregulación creciente de las inversiones y las finanzas con el establecimiento de jurisdicciones extranjeras para el tratamiento de posibles disputas comerciales y de inversiones y, finalmente, la cuestión del comercio electrónico, que es un nuevo tema que apareció en la agenda de la OMC en os últimos años, de la mano de las grandes empresas de la información, de las telecomunicaciones y del mundo digital, como el famoso grupo Gafaa (Google, Amazon, Facebook, Apple, Alibaba). Por el otro, la reunión de la OMC en Buenos Aires, intentó despejar el camino para la recuperación y el impulso de una nueva agenda de la globalización, de la mano de las grandes empresas trasnacionales y los Estados centrales, en un contexto muy complejo, ya que Estados Unidos- otrora baluarte del sistema de libre comercio-, trabó el avance de esta agenda multilateral, de la mano de las promesas proteccionistas de Trump y de su nueva estrategia bilateral, que implica el debilitamiento permanente de las distintas instancias de organización multilateral en el mundo.​​Marcha de la Confluencia NO A LA OMC (12 de Diciembre de 2017)Ante este escenario, que los Estados Unidos aprovecharon muy bien llevando al fracaso a la ronda ministerial de Buenos Aires, tanto China como la Unión Europea y otros países asiáticos intentaron adoptar una actitud activa, para lo cual contaron con la inestimable colaboración de buena parte de los países latinoamericanos- entre ellos, Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay como socios fundadores del Mercosur-, que parecían competir en una carrera sinsentido para ver quién estaba dispuesto a dar más concesiones para llegar a acuerdos “positivos”. Eso es lo que ocurrió con el intento de cerrar las negociaciones por un acuerdo integral de libre comercio entre Mercosur y la Unión Europea, que quedó trabado debido a la intransigencia de países europeos para ceder en una mayor apertura de sus mercados agrícolas, antes que por las “buenas jugadas negociadoras” de los países del Mercosur. Un comentario aparte merece el asunto del llamado comercio electrónico que, como decíamos antes, es de los más nuevos en el ámbito de la OMC. El objetivo buscado por las grandes empresas digitales y de internet, junto con el auspicio más o menos explícito de algunos de los grandes Estados centrales- entre ellos Estados Unidos, Japón, China, la Unión Europea-, es la instalación de una gran desregulación y liberación en el flujo de datos y de servicios digitales en todo el mundo, lo cual va más allá de la promoción del comercio electrónico con menores impuestos y trabas burocráticas. En concreto, este punto es sólo un capítulo de una agenda más ambiciosa, que busca asegurar el control de datos, propiedad intelectual sobre las redes y manejo global de información por parte de un conjunto de grandes empresas de la nueva economía digital, que son uno de los sectores ganadores de este capitalismo financiero del siglo XXI. En ese marco, se entiende muy bien el descarado trabajo de lobby que el empresario chino Jack Ma- líder de la empresa Alibaba-, realizó en Buenos Aires durante las reuniones oficiales, abogando por la total liberación de regulaciones en el área de comercio electrónico y flujo de datos, con el pretexto de la creación de empleos y la modernización de nuestras economías. En concreto, y para finalizar, la OMC y este tipo de acuerdos implican avanzar esquemas de relaciones asimétricas entre Estados nacionales cada vez más debilitados en sus capacidades regulatorias y autónomas y grandes corporaciones trasnacionales con mayores márgenes de maniobra para el control estratégico de los principales resortes de la economía y para la consolidación de esquemas de rentabilidad que suponen maximización de ganancias y avance mercantilizador en todos los planos de la vida económica, social y política de las comunidades.Allí se juega, en definitiva, el margen de maniobra futuro de nuestra comunidad y la posibilidad de retomar agendas centradas en el fortalecimiento de los procesos de integración regional latinoamericana, que han sido desactivados y decisivamente derrotados en esta etapa de apertura, liberalización y nuevo avance del capitalismo financiero.