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Contra La Nación y sus juristas

Memoria, Verdad y Justicia

por Pablo Martín Perez Ledesma

Abogado

 

7 de agosto de 2016

Frente a la difusión de un documento titulado: “Manifiesto: la Justicia y los juicios de lesa humanidad”, efectuada por el Diario La Nación los días 1 y 2 de agosto de 2016, resulta impostergable realizar una serie de aclaraciones en relación con el juzgamiento de los crímenes de lesa humanidad cometidos durante el terrorismo de Estado, implementado por la última dictadura cívico- militar que usurpó los poderes constitucionales en el período 1976-1983.

Antes de ello, es necesario hacer una digresión:

El Diario La Nación afirma que los autores del documento son juristas destacados, cuya independencia de opinión no requiere ser demostrada. Sin ingresar en la polémica de si una mujer o un hombre del Derecho debe o no ser independiente o, en su caso, en qué consiste esa independencia, cabe precisar que firman el documento las siguientes personas: Juan Ramón Aguirre Lanari, Julio E. Altamira Gigena, Jaime Anaya, Gregorio Badeni, Alberto Bianchi, Juan Carlos Cassagne, Iván José María Cullen, Siro M. A. De Martini, Daniel Funes de Rioja, Guillermo Ledesma, Roberto Luqui, Daniel Sabsay, Alfonso Santiago y Jorge Vanossi. Todos, “destacados juristas” sí, demasiado conocidos. Lo que en verdad no requiere prueba es su falta de independencia y objetividad al opinar. Valga resaltar aquí, a modo de ejemplo, que Aguirre Lanari fue el canciller de Reynaldo Benito Bignone y que Anaya fue no solo juez de, entre otras, la última dictadura cívico- militar sino también miembro de las comisiones por ella establecidas para reformar el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación (1978)  y la Ley de Sociedades Comerciales (1981).

Ahora bien, en cuanto al fondo del asunto, el manifiesto referido por el Diario La Nación, por una parte, cuestiona que “se hayan dejado de lado los principios fundamentales de la justicia en el tratamiento de los delitos cometidos durante la represión del terrorismo de los años setenta”, y por otra parte, objeta la “asimetría” que existiría en la consideración de los criminales de estado y los integrantes de las organizaciones armadas.

¿Cuáles serían, a criterio de La Nación y de los juristas que firman el manifiesto, los principios fundamentales de justicia violados con motivo del juzgamiento de los crímenes de lesa humanidad? ¿Y en qué consistiría la asimetría denunciada?

Entre los principios de justicia presuntamente violados, se encontrarían una serie de reglas básicas que informan las garantías del debido proceso, a saber: cosa juzgada, ley penal más benigna, prescripción de la acción penal y derivados. Además, se violaría el principio de igualdad y no discriminación porque los criminales de estado no recibirían el mismo trato ni los beneficios que el resto de las personas privadas de libertad.

En lo que concierne a la “asimetría”, La Nación cita el manifiesto en tanto expresa: “en la última década se ha hecho una seria discriminación en detrimento de los hombres que llevaron a cabo la represión contra el terrorismo, quienes, aunque incurrieron en excesos y extralimitaciones inadmisibles, recibieron en todos los casos penas gravísimas”. Y en contraposición, el mismo periódico destaca: “a los responsables directos o indirectos del terrorismo de Estado se los colmó de honores y se los premió con cargos públicos”.

De ese modo, corresponde analizar, en primer lugar, si se han violado “principios fundamentales de justicia” en el juicio a los criminales de estado y, en segundo lugar, si existe “asimetría” en la consideración jurídica de los criminales de estado en relación con la consideración dispensada a los integrantes de las organizaciones armadas y protagonistas de hechos de violencia política en la década del setenta.

Sin perjuicio de la validez de otros antecedentes, la criminalización, persecución judicial y castigo de los crímenes de lesa humanidad encuentra sus orígenes en 1945. Concluida la Segunda Guerra Mundial, las potencias vencedoras establecieron mediante un tratado internacional denominado “Carta de Londres” un tribunal penal internacional, conocido como el “Tribunal de Nüremberg”, para juzgar a los jerarcas nazis, hecho que tuvo lugar en 1946. Luego, se estableció otro tribunal internacional para juzgar a los japoneses que concretó su labor en 1947.

En el período que abarca 1945- 1998, se desarrolló, en el ámbito de las Naciones Unidas, una profusa legislación internacional en materia de crímenes de lesa humanidad y de genocidio. En 1948 se aprobó la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio, en 1968 se aprobó la Convención sobre Imprescriptibilidad de Crímenes de Guerra y de Lesa Humanidad, en 1970 la Corte Internacional de Justicia estableció que la prohibición del genocidio, la esclavitud, la tortura, la servidumbre, entre otros actos aberrantes, constituyen obligaciones “erga omnes” para todos los Estados del mundo. A comienzos de la década del noventa, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas estableció por Resolución los dos primeros tribunales penales internacionales con carácter ad hoc, luego de Nüremberg y Tokio, que tenían por misión juzgar los crímenes de lesa humanidad y de genocidio cometidos en la ex - Yugoslavia y Ruanda. Finalmente, en 1998 se aprobó el tratado internacional conocido como “Estatuto de Roma” que establece la Corte Penal Internacional y recepta las reglas desarrolladas a partir de 1945 en materia de crímenes de lesa humanidad, genocidio, crímenes de guerra y crimen de agresión.

Por su parte, en el ámbito del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, si bien la Comisión Interamericana de Derechos Humanos creada en 1959 tuvo oportunidad de velar por la vigencia de los Derechos Humanos en el continente e incluso visitar la República Argentina en 1978, fue con el establecimiento efectivo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en 1979 y su jurisprudencia en el Caso “Velázquez Rodríguez” (1988) que se inicia el tratamiento jurídico de los crímenes de lesa humanidad, en particular de la desaparición forzada de personas. En “Velázquez Rodríguez” la Corte Interamericana determinó el deber del Estado de investigar, juzgar y sancionar las violaciones de Derechos Humanos. Años más tarde, la Corte Interamericana en el Caso “Barrios Altos” (2001) sostuvo la nulidad de las leyes de amnistía, indultos, disposiciones de prescripción o eximentes de responsabilidad penal en materia de violaciones graves a los Derechos Humanos. Esta jurisprudencia fue confirmada en el Caso “Almonacid Arellano” (2006).

Es así, que tanto en el ámbito universal como en el interamericano, se desarrollaron una serie de principios que resultan aplicables a los crímenes de lesa humanidad:

En primer lugar, los crímenes de lesa humanidad son inderogables, pues su reproche ha sido establecido por el Derecho Internacional con carácter “erga omnes”, de forma imperativa. Su juzgamiento y castigo es inexorable.

En segundo término, son imprescriptibles, es decir, su persecución penal no está sujeta a ningún límite de carácter temporal.

En tercer puesto, son jurídicamente imperdonables, esto es, no pueden ser objeto de indultos ni amnistías, ni de disposiciones que eximan o excluyan de responsabilidad penal a sus autores. Por tal razón, las normas dictadas con motivo de garantizar la impunidad de los criminales de estado son nulas de nulidad absoluta e insanable, inexistentes, careciendo así de efectos jurídicos.

Estos principios fundamentales de justicia que tienen origen en el Derecho Internacional y se aplican a los crímenes de lesa humanidad, desplazan a los principios fundamentales de justicia que tienen origen en el Derecho Interno de los diversos Estados y que se aplican a los delitos comunes.

El Derecho Internacional forma parte del sistema jurídico argentino desde la sanción de la Constitución Nacional en 1853 (art. 102 en su numeración original, hoy 118) y así lo ha entendido la Corte Suprema de Justicia de la Nación desde sus orígenes. En materia de crímenes de lesa humanidad y genocidio, si bien existe una innumerable cantidad de precedentes, es dable destacar los fallos “Priebke” (1995), “Arancibia Clavel” (2004), “Simón” (2005) y “Mazzeo” (2007), en los cuales se reafirman las reglas de inderogabilidad, imprescriptibilidad y el carácter jurídicamente imperdonable de este tipo de delitos.

En cuanto al argumento de la discriminación que se estaría realizando en perjuicio de los criminales de estado, que se encontrarían sin condena firme a diferencia del resto de las personas privadas de libertad, no cabe el menor análisis. Es falso de toda falsedad. Las cárceles argentinas están plagadas de procesados, esto es, personas que no cuentan con condena firme, las demoras no acucian únicamente a los genocidas. Se trata de una falencia, entre tantas, de nuestro sistema judicial. Basta consultar la página web  y los informes de la Procuración Penitenciaria de la Nación.

Por otra parte, la inaplicabilidad a los criminales de lesa humanidad de principios como la ley penal más benigna, o de beneficios como la prisión domiciliaria, que pueden concederse con cierta habitualidad a procesados o condenados por delitos comunes, es legítima. El carácter jurídicamente imperdonable de ese tipo de crímenes así lo ordena. No hay resocialización para los terroristas de Estado, sino castigo. (Ver al respecto los fundamentos del Caso “Etchecolatz”).

En otro orden de ideas, sobre la “asimetría” en el trato dado al terrorismo de Estado y a la violencia política de las organizaciones armadas, denunciada hasta el hartazgo durante la última década, cuadra comentar que no es equiparable una violencia a la otra. No pueden asimilarse de ninguna manera los delitos cometidos desde el Estado, es decir, valiéndose de la estructura, los recursos y la impunidad que otorga el poder estatal, a los delitos, comunes o políticos, realizados por particulares, con mayor o menor grado de organización. Las normas jurídicas que se aplican en uno y en otro caso son, con justicia, diferentes. El Derecho Penal Internacional y el Código Penal para los primeros; única y exclusivamente el Código Penal para los segundos.

El gobierno constitucional que asumió en 1983 impulsó el juzgamiento tanto de los criminales de estado como de los integrantes de organizaciones armadas involucrados en hechos de violencia política; sin embargo, los últimos se vieron beneficiados por indultos y por la prescripción de las acciones, que tornaron jurídicamente imposible su juzgamiento. Con lo cual, sin importar la simpatía o antipatía que suscite la lucha armada de los setenta, pretender juzgar o reabrir juicios contra los integrantes de organizaciones armadas resultaría violatorio del art. 18 de la Constitución Nacional y de las disposiciones que tutelan el debido proceso en los instrumentos internacionales con jerarquía constitucional (art. 75, inc. 22, 2do. y 3er. Párrafo, CN).

En una digresión: si bien el Estatuto de Roma, en su artículo 7, admite que los crímenes de lesa humanidad puedan ser cometidos por integrantes de organizaciones no estatales, como podría ser una organización armada, la jurisprudencia internacional- y también con buen tino la de la Corte Suprema de Justicia de la Nación- ha establecido que esas organizaciones deben ser asimilables al Estado. En ese sentido, deberían tener el control efectivo, exclusivo y excluyente sobre un determinado territorio, con una determinada población, entre otras cosas. Es que, en tal supuesto, ejercerían de facto -y por ausencia o impotencia estatal- las funciones del Estado. No es el caso de las organizaciones armadas en Argentina.

Para concluir, es muy preocupante que el Diario La Nación y juristas que son docentes en la Universidad de Buenos Aires y otras universidades públicas nacionales, encubran su defensa del terrorismo de Estado con sofismas de pretendida cientificidad, pero que en verdad constituyen aberraciones jurídicas que desconocen maliciosamente el desarrollo del Derecho Internacional de los Derechos Humanos y del Derecho Penal Internacional. Y es preocupante, sobre todo, porque pretenden avanzar en estos tiempos críticos sobre las conquistas logradas, no por un gobierno, sino por un Pueblo que ha contado entre sus integrantes con un Movimiento de Derechos Humanos que es ejemplo a nivel mundial, que cuenta con Madres, Abuelas, Hijo/as, Padres, Hermano/as, Familiares y una inmensa cantidad de Compañeras y Compañeros de distintos ámbitos, creencias e ideologías que han ofrendado sus vidas a la Memoria, la Verdad y la Justicia.

SI SOMOS LIBRES, TODO NOS SOBRA